(Foto: Andina)
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Melissa Rodríguez Enciso

La Comisión de Economía aprobó por mayoría este lunes el dictamen que propone la “Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano”, que tiene como objeto fortalecer la seguridad financiera de los peruanos durante su vejez y que acumula 59 proyectos de ley hasta el momento.

El dictamen se aprobó con los aportes de los congresistas Alejandro Cavero, Jaime Quito, Isabel Cortez, Silvia Monteza y María Acuña sobre regular una pensión mínima en conjunto con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Consejo Fiscal, además, establecer el tope del 25% para la pensión no contributiva.

Asimismo, se modificó la afiliación por defecto al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), el pilar no contributivo incluirá los gastos de sepelio y se promoverá que los fondos de los afiliados sin herederos de las AFP sean transferidos al Estado.

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Cabe señalar que la reforma se sustenta en el pilar no contributivo, semicontributivo, contributivo y voluntario. Asimismo, sobre la revisión de la pensión mínima y el reajuste de pensiones, el monto se evaluará cada tres años, tomando en consideración la capacidad financiera del Estado y las posibilidades de la economía nacional.

Según el documento, se encargará al Ejecutivo la incorporación de las cuentas nocionales (cuenta que recoge las aportaciones virtuales de cada trabajador y los rendimientos que estas generan a lo largo de su vida laboral) en el régimen de reparto del Sistema Nacional de Pensiones, a fin de que cada jubilado acceda a una pensión acorde con lo aportado.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, quedará prohibido el retiro de los fondos acumulados en las cuentas individuales de aportes obligatorios de parte de los afiliados mientras se encuentren activos.

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Para Aldo Ferrini, gerente general del AFP Integra, lo aprobado en el dictamen apunta en la dirección correcta. “Es un dictamen que incorpora el concepto de un sistema integrado y conecta la pensión universal con pensión mínima, con cuentas individuales y ahorro individual, con ahorro voluntario que me parece que apuntan en la dirección correcta”, agregó.

Sin embargo, un tema que consideró positivo pero que pudo dejar más campo de acción es que se cierre la opción del retiro del 95,5% para los menores de 40 años.

“Pudo haber mayor espacio de discusión. Uno podría haber querido ser más ambicioso con el aporte de independientes, o evaluar variables más paramétricas, querer aportes desde el lado del empleador, somos de los pocos países que no tiene aporte del empleador, pero creo que son decisiones que se pueden ir discutiendo más adelante”, anotó.

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Por otro lado, Noelia Bernal, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, comentó que, con el dictamen, no se llegará a una verdadera reforma y enumeró puntos que la reforma no ataca.

El primero, y uno de los más graves, según la investigadora, es el retiro de los fondos en cualquier etapa de la vida y coincidió con Ferrini sobre el retiro del 95,5%.

“Se dice en un artículo que está prohibido el retiro, pero luego observas una disposición complementaria que dice que los mayores de 40 sí pueden hacerlo. No estás corrigiendo el daño más grave del sistema de pensiones que es el caño abierto y lo están cerrando solo un poco para los menores de 40 años”, dijo.

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Entre los puntos positivos, Bernal anotó que la ampliación de la cobertura de la Pensión 65, aunque tímida, es positiva. “Me parece una política mucho más progresiva que reduce la desigualdad y financieramente más sostenible”, dijo.

Un segundo punto positivo para Bernal es el incentivo al ahorro; sin embargo, también la calificó de tímida, pues según el dictamen, por cada aporte voluntario con fin previsional que uno haga en su cuenta, el Estado va a subsidiar hasta un mes de aporte en el año.

“Eso me parece muy poco. Qué tal si eres un trabajador independiente que te afilias voluntariamente gracias a ese incentivo y quieres aportar más veces, el subsidio debería ser condicional a tu esfuerzo contributivo”, agregó.

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Pensión por consumo

La pensión por consumo es un aporte voluntario con fin previsional que proviene de los gastos por consumo que los afiliados realizan, siempre que sean sustentados en comprobantes de pago con su DNI y con un valor máximo de S/ 700.

Esta corresponde al 1% de la suma del valor de los comprobantes de pago emitidos dentro de cada ejercicio fiscal, con un tope de ocho UIT anuales del consumo total.

Ferrini encuentra este punto interesante pues incorporar el aporte independiente por consumo hace que aumente la frecuencia del aporte de una persona a su cuenta individual.

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“El consumo entra en todo momento, más el salario, más el independiente. De alguna manera, la bolsa del ahorro que es necesaria para mantener una pensión se alimenta de distintas fuentes y lo que termina pasando en el largo plazo es dar mayores posibilidades de mejores pensiones para más personas”, explicó.

Por el contrario, Bernal calificó este punto como uno de los más graves del dictamen, pues, a su entender, se está legislando y creando un beneficio que es un subsidio al consumo.

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“Una política así no tiene nada que ver con pensión. Una pensión proviene del ahorro, del consumo que sacrificas y ahorras. En este caso, no estás sacrificando nada, al contrario, te están diciendo que consumas y te darán dinero por ese consumo. Eso se llama subsidio al consumo”, comentó.

Finalmente, Ferrini agregó que una de las barreras que se ha tenido como país ha sido buscar una reforma que, si bien ha podido buscar abarcar todas las variables y hacer un cambio ambicioso no siempre termina bien, se está impulsando un proyecto que recoge muchos consensos.

“Me parece que vamos en la dirección correcta y más que resaltar lo que le falta, hay que resaltar lo que tiene acertado”, puntualizó.

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