LIMA 30 OCTUBRE 2021

Fachada de la c‡mara de comercio de Lima CCL 

Fotos: Julio Rea–o/@photo.gec
LIMA 30 OCTUBRE 2021 Fachada de la c‡mara de comercio de Lima CCL Fotos: Julio Rea–o/@photo.gec
/ JULIOREA
Redacción EC

La Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación ante la violencia que enfrenta Ecuador, que ha obligado a su gobierno a declarar el estado de conflicto armado interno y a tomar medidas radicales contra bandas criminales, algunas de las cuales ya actúan en el Perú.

“Es urgente que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, así como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se declaren en sesión permanente e informen a la brevedad sus planes a corto plazo que muestren un trabajo articulado entre los diferentes poderes del Estado e instituciones”, señaló .

“El trabajo integrado de todas las unidades de inteligencia debe potenciar las operaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta institución también debe contar con todos los recursos necesarios para su modernización y una adecuada capacidad de respuesta ante la acción criminal, lo que debe ir a la par de una campaña sostenida contra la corrupción y de fortalecimiento de la integridad”, agregó.

Además, la comisión consideró que se debe formular un plan sostenible que restrinja el ingreso de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales, se refuerce el control migratorio en los puestos de fronteras y se autorice el fortalecimiento tecnológico para el control de toda la línea fronteriza.

Los operadores de justicia - indicó- deben contar con mejores medidas de seguridad, sobre todo aquellos que procesan y dictan sentencias contra los miembros de bandas conectadas al crimen organizado.

“La situación de las cárceles peruanas obliga a revisar y replantear la situación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de los centros penitenciarios donde criminales y bandas siguen coordinando acciones delictivas. Se debe establecer un régimen especial de control y los miembros de bandas organizadas deben ser enviados prisiones de máxima seguridad”, apuntó.

“Los gobiernos locales y regionales deben articular acciones con el Ejecutivo aplicando políticas con visión integral. Instamos a que se informe a la ciudadanía sobre el mapa de riesgos por distrito y las respectivas acciones que ejecuten, exponiendo indicadores que demuestren la efectividad y eficacia de las medidas y los avances en la lucha contra la delincuencia”, precisó.


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