La absoluta indolencia

“Ahorita estoy apuradito”, respondía el congresista Darwin Espinoza –sobre el que pesan serios cuestionamientos desde que ejerce el cargo de parlamentario– mientras caminaba por el Hall de los Pasos Perdidos. Espinoza era consultado por el aumento, por segundo año consecutivo, de los indicadores de pobreza monetaria al cierre del 2023, que nos revelan que hay más de 9,7 millones de pobres en el Perú. “¿No le interesa la pobreza?”, le replicó Roberto Ramírez, reportero del programa “Punto final”. “No”, respondió en corto el parlamentario de Acción Popular. A buen entendedor, pocas palabras.

Y es que, aunque Espinoza busque justificar su respuesta por la “rapidez” o la “prisa” en la que posiblemente se encontraba, o por cualquier otra razón que haya surgido en el camino, su declaración es un reflejo de la absoluta indolencia que continúan demostrando los políticos de nuestro país con los electores a quienes tanto dicen representar. Autoridades que están en el Congreso de la República o en el Ejecutivo desde hace más de un año, que tienen todas las herramientas a su disposición para aportar a una mejora de la nación, pero que poco o nada han hecho para evitar la calamitosa situación en la que muchas familias peruanas se encuentran a la fecha.

Esa misma indolencia, esa desidia, se evidenció en lo que hizo el Gobierno que dirige la presidenta Dina Boluarte a poquísimas horas de que se publicaran las cifras de pobreza recopiladas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) analizadas también por expertos de un comité consultivo.

Hoy, tras declaraciones de Peter Abad, presidente del INEI, sabemos que el intento de postergar la difusión del informe de pobreza llegó por una “orden expresa” de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el miércoles pasado.

Dicha acción repercutió, por cierto, de distintas formas: por un lado, logró que una parte importante de la población estuviera mucho más atenta a la data de pobreza (algo que no siempre es habitual) y, por el otro, llevó a que otro sector de la población desconfiara de la información y de las cifras reveladas hasta la fecha.

¿Qué ganó el Gobierno con una acción tan improvisada? Absolutamente nada. Lo que sí consiguió fue encender las alarmas sobre la autonomía que debería tener el INEI, cuyo valor como institución es indiscutible para el seguimiento de datos y la elaboración de políticas públicas en nuestro país. Porque, si algo se quería ocultar sobre el deterioro en las condiciones de vida de los más vulnerables, hoy lo enfatizamos: casi el 30% de la población peruana es pobre, hay cerca de un millón de pobres extremos más que en el 2019 y, en menos de una década, se ha triplicado la incidencia de la pobreza en Lima. En las grandes ciudades, las zonas urbanas, la pobreza subió al 26,4%, superando el pico de la pandemia y llegando al nivel más alto desde el 2007.

Un dato adicional: más de un tercio de la población en el Perú sufre hambre y no logra cubrir su necesidad alimenticia básica por falta de recursos y de atención. ¿Hará algo al respecto, señora presidenta?