La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que preside el controvertido vocal Robinson Gonzales Campos, absolvió a tres extranjeros que integraban una banda internacional de narcotráfico, los mismos que meses antes habían sido sentenciados a diez y quince años de prisión por la Primera Sala Superior del Callao.

Gonzales Campos tuvo una participación decisiva a favor de los narcotraficantes, dijeron fuentes judiciales que conocieron este caso: Gonzales fue el ponente de la causa; es decir, él tuvo a su cargo los interrogatorios, el análisis del expediente y la elaboración del proyecto de sentencia absolutoria.

El magistrado no contestó las llamadas telefónicas que le hizo este Diario (a él y a su secretaria) para conocer su versión.

El fallo, emitido el pasado 2 de marzo, era mantenido casi como un secreto en el Poder Judicial, pues su divulgación podría acrecentar la mala imagen de ese poder del Estado. (La semana pasada, como se sabe, un periódico reveló que un magistrado escondía en su casa más de 80 mil dólares). Pero El Comercio logró obtener el veredicto y hoy lo hace público.

Los beneficiados son el ciudadano cubano-estadounidense Ibrahim Santos Santos, el ecuatoriano Abraham César Proaño Olmedo y el colombiano Albeiro de Jesús Zapata Agudelo.

El mismo día del veredicto, el vocal supremo Robinson Gonzales se encargó de enviar a la Primera Sala Penal del Callao un oficio (que está en poder de este Diario) en el que dispone la inmediata libertad de los procesados, "siempre y cuando no exista mandato en contrario emanado por la autoridad competente".

Un vocero del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dijo que los tres procesados aún se encontraban detenidos, pues "el trámite administrativo de excarcelación aún no se había gestionado".

La sentencia absolutoria ha causado sorpresa entre quienes conocen este proceso, toda vez que en setiembre y diciembre del 2004, la Primera Fiscalía Superior Penal y la Primera Sala Penal de la Corte Superior del Callao habían encontrado pruebas suficientes de que los tres extranjeros (y otros veinte procesados) formaban parte de una organización de narcotraficantes que operaba desde España utilizando la modalidad de importación de productos perecibles procedentes de Chile, Perú y Ecuador.

Los tres absueltos, según el dictamen fiscal y la sentencia de la sala superior, habían participado en el frustrado envío de 518 kilos de cocaína, que la policía, la DEA y un organismo antidrogas de la embajada británica en Lima incautaron el 31 de enero del 2002 en el puerto del Callao, camuflados en un contenedor de raíces de yuca cuyo destino era Madrid.

Por si fuera poco, en diciembre del 2004, el Tribunal de Garantías Constitucionales había rechazado un hábeas corpus que el estadounidense Ibrahim Santos presentó para pedir su libertad por "exceso de plazo de detención preventiva".

Pese a todo esto, los tres extranjeros fueron absueltos con el voto dirimente del vocal Robinson Gonzales. Dicho vocal supremo, por cierto, se ha hecho famoso por sus controvertidos fallos que han favorecido a importantes personajes de la red de corrupción del régimen de Fujimori y Montesinos.

LA HISTORIA
El caso se inició el 31 de enero del 2002 cuando agentes antinarcóticos obtuvieron información de que en el contenedor de un barco, que había llegado procedente de Ecuador, se encontraban camufladas 57 cajas en las que se habían acondicionado 518 kilos de clorhidrato de cocaína.

Cuando el contenedor fue abierto, en efecto, se encontró la droga. Como el embarque tenía como destino España, los agentes y un fiscal del Callao decidieron realizar una operación de 'remesa controlada' para capturar a todos los miembros de la organización. Es decir, no se realizó ninguna detención, cambiaron la droga con sal yodada y dejaron que el barco continuara su viaje a ese país.

Cuando la droga llegó a su destino, en España fueron detenidos los españoles Adriana Jaramillo Rendón (cabecilla de la organización conocida como 'La Señora'), Édgar Joaquín Mantilla Gaviria, Francisco Lemes Izquierdo y Antonio Florido Sosa. La banda esperaba la carga para comercializarla en Europa.

Las investigaciones descubrieron, entre otras cosas, que en octubre del 2001 (tres meses antes de la incautación de la droga en Lima) Ibrahim Santos había viajado a España para reunirse con el español Antonio Florido Sosa, aprehendido en Madrid.

"Los gastos fueron pagados íntegramente por Florido Sosa para efectuar presuntas negociaciones de tráfico de drogas facilitando la expedición de documentación bancaria y financiera, que diera apariencia de actividades comerciales lícitas a sus operaciones", dice una parte de la sentencia de la Primera Sala Superior del Callao.

CONTACTO EN LIMA
También se descubrió que, en enero del 2002 (días previos al decomiso de los 518 kilos de droga), Ibrahim Santos viajó a Lima probablemente para coordinar ese envío. Aquí se reunió con Édgar Mantilla Gaviria, el otro español detenido en Madrid.

Sobre el ecuatoriano Abraham Proaño Olmedo (el segundo acusado que ha sido absuelto por la Sala que preside el vocal Robinson Gonzales), se determinó que este estuvo en contacto con el marroquí Francisco Lemes Izquierdo (también detenido en España). Ambos, según la fiscalía y la Sala Superior del Callao, se comprometieron a realizar un envío de droga a España camuflada en planchas de madera.

Las reuniones, siempre según las investigaciones, se realizaron en Lima, en un conocido hotel de San Isidro.

Respecto del colombiano Albeiro de Jesús Zapata Agudelo (el tercer procesado beneficiado por el fallo de Robinson Gonzales) se determinó que llegó al Perú invitado por el ecuatoriano Abraham Proaño Olmedo.

Según su versión, ambos se conocieron en la frontera entre Ecuador y Colombia. "Abraham Proaño me invitó a almorzar. Nos hicimos buenos amigos y me pidió que trabajara en una empresa que él había creado en Lima", dijo cuando lo interrogaron.

Cuando fue detenido, a Jesús Zapata se le encontró 15 mil dólares en los bolsillos. En su defensa, afirmó que la plata era de Proaño. Ambos no supieron justificar de dónde procedía y para qué iban a utilizar ese dinero.

Para la fiscalía y la Sala Superior del Callao, sobre la base de dos años de investigaciones y diligencias, los tres absueltos formaban parte de una organización criminal con ramificaciones internacionales.