Sala consideró que no se probó perjuicio en agravio del Estado Peruano
Por considerar que había favorecido a siete empresas estadounidenses con la compra de armas y pertrechos militares, el Ministerio Público pidió la semana pasada que el general Nicolás Hermoza Ríos fuera condenado a doce años de prisión y al pago de una reparación civil de diez millones de soles. Sin embargo, la Segunda Sala Anticorrupción no lo consideró de esa manera y decidió absolverlo tanto a él como a su subordinado, el general (r) Renzo Rejas Olivares, que también fue involucrado en ese proceso judicial.
Según dicho tribunal, que preside el vocal Roberto Barandiarán, durante el juicio no quedó probado que Hermoza Ríos hubiese generado algún perjuicio económico al Estado Peruano a través de la compra efectuada a siete empresas de Estados Unidos entre los años 1995 y 1997. Como consecuencia de esa absolución, el tribunal ordenó que el caso por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión desleal sea archivado de manera definitiva.
CAMINO A LA SUPREMA
Luego de leída la sentencia en el Establecimiento Penal para Reos Primarios (ex San Jorge), el representante del Ministerio Público anunció que aún no había decidido apelar, por lo que se reservaba el derecho de hacerlo para los siguientes días. Por su parte, el procurador adjunto Omar Chehade anunció que el lunes apelaría la sentencia, aunque en sus declaraciones coincidió con las razones que esgrimió el tribunal de absolver a los dos procesados, al no haberse hallado pruebas del perjuicio al Estado. En todo caso, será la Corte Suprema la que resuelva este juicio.
Hermoza Ríos, a quien se le halló cuentas por más de 20 millones de dólares, seguirá encarcelado, pues enfrenta otros procesos penales, como el que le sigue la Sexta Sala Penal Especial, en la que es acusado --junto con otros altos oficiales de la FAP y del Ejército-- de haberse beneficiado irregularmente en doce licitaciones. Asimismo, está involucrado en el juicio que se le sigue al grupo Colina por las matanzas de Barrios Altos, de los estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, entre otros asesinatos y violaciones a los derechos humanos.