Ley sanciona a quienes se nieguen a recibir declaración jurada a cambio. Notarios saludan medida, pero señalan que sus tarifas han descendido a S/.12
El certificado domiciliario pasaría a la historia. La ola de reclamos que se desencadenó por el incremento excesivo del costo para obtener este documento llegará a su fin, pues el pleno del Congreso aprobó reemplazar la presentación del mencionado certificado por una declaración jurada simple, la misma que tendrá validez en cualquier tipo de trámite.
Como se recuerda, El Comercio denunció que a raíz de la aprobación de la ley que quita a la Policía Nacional la facultad de expedir este documento, las tarifas se elevaron de S/.3,5 hasta S/. 60 en algunas notarías de Lima. El costo se había vuelto inaccesible para la mayoría de usuarios.
El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Yonhy Lescano, explicó que el dictamen de la norma aprobada ayer por el Congreso está dirigida tanto a las entidades públicas como privadas, y si algún funcionario se niega a aceptar la declaración jurada como documento válido será pasible de sanción administrativa.
Según una nueva norma, el dictamen de ley debe ser sometido a una segunda votación para su aprobación definitiva en el Congreso; sin embargo, Lescano presentó una solicitud para exonerar este último procedimiento. "La ley ha tenido un voto mayoritario, así que no creemos que varíe si va a una segunda votación", agregó.
Asimismo, dijo que si bien la Ley de Procedimiento Administrativo ya señalaba la opción de presentar una declaración jurada, ello solo estaba orientado a la tramitación como parte de un proceso administrativo, y no como requisito individual por parte de alguna empresa pública o privada.
Marco Tulio Gutiérrez, especialista en derecho municipal, señala que efectivamente la emisión de un certificado domiciliario era absurda, ya que solo sirve para acreditar que el domicilio consignado por el interesado no es el que corresponde a su documento de identidad. "Quien cambia de domicilio está obligado legalmente a informarlo ante el Reniec. Curiosamente la exigencia de algún documento de certificación ayuda a evitar esta obligación". En cuestión de forma, la declaración jurada termina haciendo lo mismo.
PENA DE CÁRCEL
La facilidad que tendrá el ciudadano para certificar su lugar de residencia (cuando se confirme y publique la ley) no escapa a que inescrupulosos se atrevan a llenar datos falsos en la declaración jurada. Sin embargo, las empresas podrán verificar la información y en caso se compruebe la falsedad, el infractor será sancionado con penas de entre dos a diez años de cárcel por el delito contra la fe pública.
El dictamen aprobado ayer señala que la declaración jurada no tendrá valor en caso la certificación domiciliaria tenga como fin trámites electorales o judiciales. Ahí sí será necesario gestionarlos en las notarías, municipalidades o juzgados de paz, los cuales están facultados para hacerlo.
Si el ciudadano lo desea, podrá solicitar el certificado en alguna de estas tres entidades, pero la tarifa deberá reflejar el costo real del servicio, e incluso el Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual (Indecopi) podrá realizar investigaciones de oficio para comprobarlo.
El vicedecano del Colegio de Notarios de Lima, Eduardo Laos de Lama, señaló que si bien la medida es buena, Indecopi solo podría evitar una concertación de precios, pues como las notarías son entes privados, el libre mercado es el que regula las tarifas. "Saludamos la aprobación pues es hora de que el Estado deje de solicitar trámites innecesarios. Sin embargo, en las últimas semanas las tarifas de nuestros colegiados han descendido hasta 12 o 17 soles, ya que la oferta se ha expandido", agregó.
LA PUNTA DEL ICEBERG
El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Jaime Delgado, consideró que hasta la presentación de una declaración jurada termina siendo una formalidad innecesaria, pues debería bastar la información que aparece en el DNI de la persona, y si alguna entidad duda de ello, debería confirmarlo con sus propios recursos.
"El Reniec es el que debe tener una base de datos completa y actualizada del ciudadano, y para ello debe recibir el apoyo de las municipalidades. Se carga al usuario una labor que le compete a ellos. De todas maneras la anulación del certificado domiciliario aligerará al consumidor de un costo innecesario, pero esto solo es la punta del iceberg de toda la documentación engorrosa que se exige", agregó.
OPINIONES
"Para un ciudadano que quiere progresar la peor traba burocrática es la inscripción en Registros Públicos y la emisión de licencias de funcionamiento. Tenemos un país muy complicado que no ayuda a la formalización".
JOSÉ MENDOZA
"Cuando uno va a sacar una cita en el Hospital del Niño, una señorita llena los datos en forma manual, luego otra ingresa la información a una computadora. De ahí hago otra cola para pagar la consulta. Deberían unificar el sistema y ahorrarían personal".
JOSÉ MANUEL BERNEDO
"Es increíble que la partida de nacimiento tenga vigencia tan corta, ya que solo rige por tres meses. Esta, al igual que el DNI, debería estar vigente durante cuatro años. Las municipalidades hacen un negocio con ello y afectan nuestra economía".
MIGUEL VILLEGAS
"Los que tienen seguro facultativo tienen que llevar todos sus recibos de pago para demostrar que están al día. Tenemos un código de paciente así que deberían constatar ello en su propio sistema informático. Es absurdo".
JOSÉ GUTIÉRREZ LÓPEZ
"Todos los bancos solicitan una exagerada lista de requisitos para liberar el 50% del dinero de la CTS, con el fin de mejorar la vivienda. Piden licencia de construcción que la municipalidad otorga a S/.490. Afecta nuestro bolsillo".
LUIS ALVARADO CARRILLO
"Para obtener un duplicado de licencia de conducir te hacen perder un día solo para verificar que llenes bien tu información, y luego ir tres días después para ingresarla al sistema. La gente no esta para perder el tiempo".
MARITZA PUGA
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Elizabeth Salazar Vega
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