¿La medida del Ejecutivo alcanza a todos los militares involucrados en la violación de los derechos humanos?
Como se sabe, los delitos de violación de los derechos humanos no prescriben nunca, por lo que las investigaciones siempre están abiertas. En general, la defensa legal que se dará es para civiles y militares que estuvieran involucrados en este tipo de delitos.

En la lista también figuran miembros del grupo Colina y el ex general Juan Briones Dávila. ¿A ellos también les alcanzaría la ayuda?
Nuestra posición institucional es que el Ejecutivo tiene que determinar cuándo los militares actuaron en el ejercicio regular de sus funciones y cuándo no. Los sectores Defensa e Interior tendrán que evaluar con base en esos criterios a qué personas les corresponde recibir la ayuda legal del Estado. Eso tiene que estar reglamentado.

¿Cómo se podría concretar la ayuda legal del Estado a los supuestos afectados?
Cada funcionario público o de los institutos armados y la policía que crea que le corresponda deberá solicitar que el Estado asuma su defensa, el patrocinio legal, con recursos públicos. El derecho a la defensa es para civiles y militares. Velamos por ello sin ninguna distinción, así como para que los crímenes no queden impunes.