Uno de los principales temas en la agenda de la reforma del Estado, en lo que se refiere a la administración pública, es la ley del empleo público: una norma que, por un lado, apunte a respetar el mérito como medio de entrada y salida del sector público; y que, por otro lado, sirva para ordenar las remuneraciones.

Por Jorge Daños Ordóñez, abogado

Mucho se ha hablado de los cargos de confianza, pero comparados con el total de empleados en la administración pública, representan un universo limitado. Encima, por ley, el personal de confianza no puede superar el 5% del total en los organismos.

Además, es necesario tener funcionarios con cierta sintonía respecto de la administración gubernamental. Lo que sí preo-cupa es que no se haya regulado debidamente lo que no son cargos de confianza.

Sin embargo, es necesario promover mecanismos que permitan la publicidad en la selección de los funcionarios, como por ejemplo, saber cuál es su experiencia y su preparación.

No bastan la confianza y la pertenencia a un partido político para acceder a un cargo en el Estado. Debe promoverse los cargos institucionales, con verdaderos trabajadores del Estado. De lo contrario, no se podrá avanzar hacia una verdadera reforma de la administración pública.