Beatriz Boza
¿Si algunos donantes privilegian la planificación familiar y otros el cuidado del medio ambiente, le compete al Poder Ejecutivo opinar y redirigir esas donaciones?
Bill y Melinda Gates han destinado más de US$31.9 mil millones para crear una fundación dedicada a erradicar la malaria y la tifoidea del mundo. Un empresario tan exitoso como él no optó por apoyar los programas de las Naciones Unidas o del propio gobierno estadounidense sino que creó una ONG. George Soros, el millonario húngaro que hizo fortunas especulando con los tipos de cambio, destinó más de US$300 millones para crear la ONG Open Society Institute dedicada a promover la transparencia, democracia y buen gobierno en países en desarrollo. El empresario suizo Stephan Schmidheiny creó la ONG Avina dedicada a fortalecer liderazgos y sinergias, y ha destinado más de US$320 millones a la fecha. En su momento, los Ford, Rockefeller, Tinker y cientos de otros empresarios crearon ONG para aportar al desarrollo mundial. En el Perú, empresarios y empresas líderes de la talla de Cementos Lima, Grupo Lindley, Antamina y Yanacocha han creado ONG para apoyar iniciativas orientadas al desarrollo local.
Cada uno de nosotros, cuando aportamos a una colecta pública, damos una limosna o donamos el sencillo en los supermercados, nos convertimos en un pequeño Gates, Soros o Schmidheiny. Damos nuestro dinero a causas en las que creemos y a entidades que merecen nuestra confianza. Somos nosotros quienes decidimos a quién y qué causa apoyar. Para algunos lo determinante será el alivio de la pobreza, para otros los derechos humanos o el cuidado del medioambiente. Las iniciativas que merecen nuestra confianza usualmente son de ONG que están obligatoriamente inscritas en Registros Públicos, supervisadas por la Sunat, el Ministerio de Trabajo, Essalud, Defensa Civil, y, sobre todo, por sus donantes. Si alguna ONG 'se excede', allí está el Estado para sancionarla y en su caso cancelarle el registro, como ocurrió con las discotecas que se hicieron pasar por clubes para seguir discriminando y que el Poder Judicial ordenó cerrar. Mecanismos de control hay, que el Estado podría utilizar mejor.
Alegando que las ONG necesitan ser controladas y que no beneficia al país que estas entidades 'solivianten' a la gente arguyendo temas ambientales, hoy nuestro Congreso propone que el Poder Ejecutivo controle a las ONG. ¿Por qué se les quiere controlar más? ¿Quién se beneficia con ello? ¿Qué está en juego?
Si ingleses, gringos, canadienses o europeos deciden aportar económicamente para combatir la pobreza en el Perú, ¿debemos imponer más controles al destino de esos fondos o debemos promover que más de esos recursos lleguen al país? ¿Si algunos donantes privilegian una forma de planificación familiar y otros el cuidado del medioambiente, le compete al Poder Ejecutivo opinar y, en su caso, redirigir esas donaciones? En realidad, no es control sino censura lo que está en juego, pues ya contamos con distintos mecanismos de control.
