Por Farid Kahhat, analista internacional y catedrático de la PUCP
Contra lo que hubiera sido el caso hace una década, la muerte en Chile de Augusto Pinochet ocurrida ayer, probablemente suscite mayores controversias entre los historiadores que entre la mayoría de los ciudadanos. Porque Chile ha venido superando el legado de Pinochet en forma paulatina, pero consistente. Por ejemplo, en materia de desempeño económico la democracia chilena produjo un crecimiento del ingreso per cápita sensiblemente mayor al promedio obtenido durante los 17 años de la dictadura, y redujo en forma significativa los niveles de pobreza que aquella legó al nuevo régimen. Levantó además en forma progresiva la mayoría de hipotecas que, en materia política, heredó del antiguo régimen. Por citar solo algunos ejemplos, desapareció la figura de los senadores designados; se modificó la composición y funciones del Consejo de Seguridad Nacional; y el ejército chileno reconoció, a través de una declaración de su comandante en jefe (el general Juan Emilio Cheyre), la responsabilidad de su institución en las violaciones a los derechos humanos cometidas por su institución.
De otro lado, la Ley de Amnistía dictada por el régimen de Pinochet no impidió la mayoría de los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en el 2004 la Corte Suprema de Justicia dictaminó que aquella ley no era aplicable a los casos de desaparición de personas. La razón para ello era que los desaparecidos eran considerados víctimas del delito de secuestro permanente, el cual no expira mientras aquellos no aparezcan.
En el momento de su muerte el propio Pinochet se encontraba bajo arresto domiciliario por los cargos que le eran imputados. Y no se trataba solo de aquellos cargos que, como las torturas y las ejecuciones extrajudiciales, lo convirtieron ante sus partidarios en el líder patriótico que salvó a Chile del comunismo. Se trataba también de aquellos cargos que involucraban sus cuentas en el exterior por un monto de 27 millones de dólares y frente a los cuales buena parte de esos prosélitos guardaban un pudoroso silencio.
El propio electorado conservador contribuyó a voltear la página respecto de un pasado que dividió profundamente a la sociedad chilena, cuando en las últimas elecciones presidenciales prefirió a Sebastián Piñera (cuyo partido, Renovación Nacional, proclama ser un movimiento de centro-derecha), por sobre Joaquín Lavín. Este último era el candidato de la Unión Demócrata Independiente, partido asociado al régimen de Pinochet, y al que sus otrora aliados de Renovación Nacional califican ahora de fundamentalista.