Aunque algunos congresistas vinculados al sector cocalero encuentren exagerado hablar de una alianza narcotráfico-terrorismo, lo sucedido en Ayacucho no admite sospecha.
El asesinato de cinco policías, dos empleados de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) y un joven fue perpetrado por traficantes y terroristas, que tramaron y programaron una emboscada vil y certera que no puede quedar impune.
Estas muertes nos dejan un sabor amargo y reviven tiempos que creíamos superados; una época dolorosa para el país y para nuestra débil democracia avasallada por la violencia asesina de grupúsculos interesados en seguir sembrando odio y muerte para cosechar droga y dólares mal habidos.
La situación es sumamente grave y así parece haberlo entendido el presidente Alan García, quien envió al Congreso un proyecto para que se instaure la pena de muerte para terroristas. Sin embargo, como señalan muchos lectores en un foro de nuestra página web, responder con violencia a quienes empuñan una metralleta solo generaría una guerra de sangre que el país no se merece.
Lo sucedido en el golpeado Ayacucho exige más que eso: exige un punto de quiebre, urgente y patriótico, que signifique la puesta en marcha inmediata de una política conjunta combinada, policial-militar, abocada a erradicar de una vez por todas la red ilícita del narcotráfico y sus socios terroristas, en lo que supone también una política decisiva de control territorial.
No es la primera vez que la opinión pública invoca la formulación de una estrategia cabal e integral. El asesinato de los policías tiene que hacer reaccionar al Gobierno para emprender la erradicación de cocales ilegales, los programas de cultivos alternativos y sobre todo una guerra sin cuartel, con todos nuestros policías y soldados unidos como un solo puño. Es alentador que, como anunciaron anoche los ministros de Defensa y del Interior, se aplique el llamado plan VRAE, que debe cumplirse ahora sí, a la brevedad posible y de manera global y conjunta.
Que no será fácil, es verdad, pero estamos seguros de que algo impregna a nuestras FF.AA. y PNP y es la convicción de que el país está primero. Y si eso implica ceder posiciones organizativas, se habrá de ceder por el bien del Perú .