Volcan apela a un incumplimiento de plazos para arbitraje

Un capítulo más en el Caso Volcan. En una carta notarial enviada el 2 de mayo al Ministerio de Energía y Minas (MEM), la empresa minera "expresa formalmente" al Estado Peruano su decisión de acudir a un arbitraje --acción permitida por la cláusula novena de su convenio de estabilidad jurídica-- y le requiere que en diez días nombre a un árbitro para iniciar el proceso.

Volcan recuerda en su misiva la fecha de solicitud al MEM para que reconozca su proceso de reinversión de utilidades (25 de enero del 2006) y argumenta que "han transcurrido más de 450 días de presentada () y el Estado Peruano no ha cumplido con aprobar (lo), lo cual, conforme a las normas aplicables, determina la denegación del pedido por silencio administrativo".

Agrega que el contrato establece 45 días para la aprobación de la solicitud y, en este sentido, considera también como denegación del pedido por silencio administrativo el hecho de que el ministerio haya recibido el expediente el 12 de abril pasado y no se pronunciara en los 15 días de plazo establecidos.

El portafolio, por medio de la Resolución Ministerial 154-2007-MEM/DM, declaró nulo todo lo actuado en el proceso de reconocimiento de reinversión de utilidades, por el cual la empresa tiene derecho a deducir el 30% del monto de las reinversiones del pago de Impuesto a la Renta.

La resolución respondió a vicios encontrados en el proceso, que habrían estado vinculados con modificaciones de la Dirección General de Minería en el monto reconocido como reinversión (de US$49 millones a US$107 millones).

Buscamos al viceministro de Minas, Felipe Isasi, quien solo nos transmitió que "los asesores legales del ministerio evalúan si procede el pedido de arbitraje".

Para el abogado Alfredo Bullard, esta no es una capacidad que pueda tener el MEM, pues una vez solicitado el arbitraje la otra parte solo debe iniciar su defensa. Llamamos también a los voceros de Volcan, pero no obtuvimos respuesta.

EL DATO
Daños múltiples
Volcan señala que la resolución "evidencia la decisión política del MEM de desconocer las garantías" del convenio y hasta cita el "daño económico que esta decisión ha originado a Volcan, a sus 6.450 accionistas (incluidas las AFP), con un 41% de acciones clase B" y a sus familias.