Culpables por embarazo

Por David Hidalgo Vega

Una semana antes del Día de la Madre, el ministro del Interior se presentó en el Congreso para confirmar que el embarazo es una falta grave y causal de expulsión en las escuelas policiales. Fue el viernes último, a la hora en que Flor de Jesús Cahuaya suele dedicarse a los quehaceres domésticos de su nueva condición de cadete defenestrada por maternidad. "Lo que se busca con dicha medida es preservar la vida", argumentó el ministro contra la opinión de que en realidad está arruinando dos. Semana tras semana, el debate pasó de la televisión a los periódicos, a los pasillos de la política y a los laberintos de calles y mercados solo para volver una y otra vez al mismo embrollo.

Los partidarios del castigo sostienen que Flor de Jesús sabía a qué se comprometía al ingresar. El ministro Alva Castro dice que incluso hay un compromiso firmado por la ex cadete y el razonamiento no ha sido extraño para otras mujeres que han pasado experiencias de similar rigor. La hoy parlamentaria Gabriela Pérez del Solar, por ejemplo, recuerda sus días de deportista como una opción voluntaria: "Cuando yo jugaba, firmaba un contrato por el que, si quedaba embarazada, me imponían una multa de 100.000 dólares. Yo sabía eso y lo aceptaba". Algunas de sus compañeras se retiraron, porque el ritmo de los entrenamientos era insostenible en su estado. "Hay muchas actividades que imponen restricciones y hay que respetarlas", sostiene.

Quienes se oponen al castigo de Flor de Jesús señalan que incluso si hubiera firmado un contrato o compromiso de ese tipo, sería inaplicable: "los contratos tienen que tener objetivos lícitos y no se puede firmar un contrato que vulnere el derecho a no ser discriminado", sostiene Rocío Villanueva, abogada especialista en temas de mujer y consultora de El Comercio. Entonces aparece el tema central del debate. "Esta es una norma que teóricamente se aplica a hombres y mujeres, pero cuyas consecuencias, por lo general, son desfavorables solo a las mujeres, porque no se conoce casos de hombres que hayan tenido hijos y hayan sido expulsados --explica Villanueva--. Esto porque no se les nota o porque con negar al hijo tienen solucionado el problema. Este reglamento discrimina a las mujeres de manera indirecta y es inconstitucional".

Que se aplique de esta manera no solo ignora que un simple reglamento no puede imponer criterios que la ley descarta. También desconoce el valor de dos casos previos con finales favorables para las cadetes afectadas. "No quiero ser caradura ni mucho menos por seguir adelante con esto --dice la ex cadete Cahuaya--. Pasa que esto afecta a mujeres con buen potencial para seguir en la policía, como es mi caso". La solución es evidente, aunque el Gobierno ha tomado el camino opuesto. Queda la vía judicial y algunas experiencias cercanas que alientan la razón.

DEBATE SIN MARIACHIS
A mediados del 2004 la poeta mexicana Ninett Torres Villarreal, de 22 años, recibió una beca que le garantizaba un año de tranquilidad económica para escribir un libro de cien páginas. Se la otorgaba el Centro Mexicano de Escritores, una institución reconocida por su aporte a la cultura de ese país durante medio siglo. Semanas después, las autoridades de ese centro convocaron a la escritora a sus oficinas, donde un funcionario notó que estaba embarazada. Según el diario "El Universal", los directivos del CEM "decidieron anular dicha beca argumentando que el embarazo le impediría cumplir con los talleres que se impartirían todos los miércoles y con la realización del libro". El escándalo salpicó por todos lados.

La muchacha contó en una entrevista que su silueta redondeada provocó alarma en sus benefactores. Un funcionario le reclamó por qué no había informado de su estado. "Yo pregunté qué importancia tenía eso y me dijo que de haber informado que estaba embarazada, no me habrían considerado siquiera para otorgarme la beca". La versión quedó confirmada en una carta oficial dirigida a la poeta, donde se argumentaba que "su embarazo le impide cumplir con los requisitos que el centro tiene establecidos desde hace 54 años".

La historia despertó una reacción sin diplomacias. El columnista mexicano Catón escribió en el diario "Reforma": "Se explica --nunca se justifica-- que un acto así, tan contrario a la razón, a la justicia, y aun a la ley se cometa en lugares regidos por hombres ignorantes y sin conciencia de lo que se debe a la equidad. Pero es increíble que eso suceda en un centro de intelectuales, de gente de libros, de personas en quienes el entendimiento se da por entendido y a las que se supone poseedoras de talento y sensibilidad". El escritor Guillermo Fadanelli ironizó: "los responsables del Centro Mexicano de escritores tienen derecho a protegerse de engaños semejantes: no es honesto que si ellos ofrecieron la beca a una persona, ahora sean dos (la madre y el niño) quienes disfruten de ella. Es cuestión de saber sumar".

De la misma forma que en el caso de la cadete peruana, el caso llegó al Parlamento mexicano. "Lo que consideramos más grave es el ataque hacia la maternidad. Quitarle oportunidades a una persona por el hecho de estar esperando un bebe refleja una mentalidad utilitarista y poco humana. Pareciera que este tipo de actitudes cataloga la maternidad como un 'estado' que obstaculiza la superación profesional", dijo una congresista de la comisión de género. La Comisión Permanente invocó a que las instituciones educativas "vigilen y promuevan el respeto a los derechos humanos tanto de hombres como de mujeres en sus estatutos y en sus bases de convocatoria".

Hubo varias invocaciones directas al CME para que reintegrara la beca de la poeta, incluyendo una del entonces flamante Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Antes de dos meses, Ninett Torres recibía la enmienda.

LÍOS DE LA MAMÁ CHICA
En enero del 2005 empezó otra batalla legal en Colombia. La joven Aída Silena Cárdenas había quedado embarazada de un compañero de colegio y el director amenazó con expulsarlos a ambos porque "estaban atentando contra la moral y el buen nombre de la institución" --argumento parecido al que ha sonado en Lima en las últimas semanas--. Mientras se resolvía el tema, la muchacha perdió al bebe. Cuando se recuperó, quiso seguir sus estudios, pero el director le dijo que no podría hacerlo por las mañanas, como siempre, sino en la escuela nocturna. Otra vez, mientras se resolvía, la muchacha terminó en el primer puesto de su clase. El problema terminó de reventar cuando quiso matricularse para el siguiente año. Allí le pusieron enfrente el "Manual de convivencia del colegio" para mandarla al turno de noche.

Cuando el caso llegó a las vías judiciales, el director argumentó que solo quería evitar que el colegio "se nos salga de las manos". Ese razonamiento fue aceptado por el juez de primera instancia, quien dijo que "una cosa es la comunidad de estudiantes y otra la comunidad de estudiantes en estado de embarazo". Pero el aderezo llegó cuando el juez de segunda instancia argumentó que "con su aptitud (sic) irresponsable, Aída Silena no creemos que voluntariamente halla (sic) optado por ser madre, sino que por falta de cuidado, por negligencia o descuido, practicó actos sexuales sin utilizar los tan recalcados preservativos conocidos por los medios de comunicación, plantel educativo, etc. Y al hacer ello voluntariamente o no ella misma se limitó en su derecho no a la educación, sino a permanecer en el plantel en la jornada diurna por incumplimiento de los reglamentos internos del plantel".

Aída Silena llevó su caso a la Corte Constitucional de Colombia, cuyas sentencias son consideradas ejemplares en el ámbito latinoamericano. Tras un detallado análisis, la corte declaró inaplicable la sanción, porque "el embarazo de una estudiante no es un hecho que pueda limitar o restringir su derecho a la educación". El detalle que calza con el caso peruano está en una referencia todavía más precisa de la corte colombiana: "Son inconstitucionales aquellas cláusulas contenidas en los manuales de convivencia de los centros educativos que pretenden regular o comprometen los derechos a la intimidad, la libertad o autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, así como su proyecto de vida o su modelo de realización personal o el derecho a constituir una familia".

Los jueces consideraron que enviar a la muchacha a la escuela nocturna no limitaba del todo su educación, pero equivalía a ponerle un estigma. Los efectos de ese trato "convierten a esta medida en una carga desproporcionada que la alumna debe soportar por el solo hecho de haber estado embarazada". Visto así, por separado, bien podría tratarse de una sentencia para el caso de la ex cadete Flor de Jesús Cahuaya.

Ya el hecho de tener que pedir ayuda ha sido un perjuicio que no merecía. Flor de Jesús ha tenido que sobreponerse al impacto emotivo. "Yo pienso que cada persona, sobre todo si está en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional, tiene los suficientes principios o valores para saber qué hacer en estos casos. Yo no pienso dar marcha atrás, igual que muchas otras mujeres, en hacer respetar mis derechos", afirma, como cabría esperar de una policía bien formada. Su experiencia solo ha puesto en relieve un hecho que parecía claro: un embarazo no puede ser una falta grave.