"El desalojo no es negociable", advierte Municipalidad de Lima

Por Iván Herrera Orsi

El general Octavio Salazar, jefe de la Séptima Dirección Territorial de la Policía Nacional, confirmó ayer que los invasores del mercado de Santa Anita estaban "alquilando" niños para incrementar el número de los que se encuentran al interior del local y, de ese modo, obstaculizar la operación de desalojo que debe llevarse a cabo por orden judicial.

Explicó que, de acuerdo con la información que maneja la policía, la dirigencia de los ocupantes del mercado estaba pagando a personas de escasos recursos y de poco sentido de la responsabilidad para que fueran junto con sus hijos a defender el terreno invadido. De esa forma, confirmó la denuncia que hizo ayer El Comercio en el sentido de que los dirigentes de la Asociación Nacional de Productores y Comerciantes del Mercado Mayorista de Santa Anita han estado reclutando gente en la última semana, por medio de ofrecimientos económicos, con la idea de frustrar la acción de las fuerzas del orden.

"Es un acto de cobardía pretender poner a los niños como escudos humanos. Nos parece denigrante", comentó Salazar, quien insistió en que su comando hará cumplir la resolución del Juzgado Penal 31, que dispuso que el predio fuera devuelto a la Empresa Municipal de Mercados S.A. (Emmsa).

"No queremos costo social y tenemos que respetar los derechos humanos, pero tampoco podemos permitir que se use a los niños para evadir la acción de la justicia", declaró a El Comercio el general Salazar.

Justamente ayer, el representante de los seudocomerciantes atrincherados en el mercado, Fernandino Nieto, negó ante la prensa que más de cuatro mil nuevos invasores hubieran ingresado al centro de abastos para impedir el desalojo. Según dijo, todo era parte de una "guerra psicológica" y una campaña de desprestigio impulsada por la Municipalidad de Lima.

Nieto criticó lo que consideró posición "inflexible" del concejo metropolitana sobre la posibilidad de dialogar con ellos. "El diálogo que buscamos es para evitar un final violento, para que no haya muertos ni heridos", dijo.

Ayer al mediodía, mientras recorríamos los alrededores del mercado de Santa Anita, se nos acercó uno de los delegados de los invasores. Se lo veía preocupado por el desenlace de este conflicto, que arrancó hace más de cuatro años, cuando centenares de personas, dirigidas por el ex congresista Herminio Porras, se apoderaron ilegalmente del predio. Dicho delegado parecía ansioso para que se convenciera a la Municipalidad de Lima de instalar una mesa de diálogo. "Nosotros estamos dispuestos a comprar el terreno, pero primero la municipalidad tendría que demostrar que el terreno es suyo", indicó.

DESALOJO NO ES NEGOCIABLE
Para el concejo, el asunto es tan claro como que ya se tiene un fallo judicial que ordena el desalojo del mercado. "Las resoluciones judiciales no son negociables", subrayó Marco Parra, teniente alcalde de Lima. Tras reiterar que los invasores tendrán que salir del mercado de Santa Anita, agregó que "no se puede negociar con gente que utiliza a sus hijos como escudos humanos".

Ayer Parra se refirió de nuevo a monseñor Luis Bambarén, ex presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, quien había expresado su disposición de servir como mediador entre los invasores y la municipalidad, aunque fijó ciertas condiciones. Entre ellas, pidió al concejo limeño que diera facilidades a los ocupantes del mercado para que no se quedasen sin trabajo. Planteamientos como este, alertó Parra, pueden alimentar falsas expectativas.

Anoche, Bambarén aclaró que no estaba en contra del desalojo, pero esperaba que este pudiera llevarse a cabo de forma pacífica. Para ello ha pedido a los comerciantes que retiren a los niños del lugar, declaró a RPP Noticias.

El día transcurrió relativamente tranquilo en el mercado de Santa Anita. Como en fechas anteriores, el vuelo de un helicóptero policial sirvió de advertencia a los invasores de lo que se les viene.

CLAVES
A La Municipalidad de Lima planea trasladar al terreno de Santa Anita a los comerciantes mayoristas de La Parada.

B El Poder Judicial condenó al cabecilla de la invasión Herminio Porras por el delito de usurpación agravada.

C Distintas autoridades políticas han criticado la decisión de los invasores de atrincherarse con sus niños.

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