Indudablemente la situación en el mercado de Santa Anita es complicada. Las autoridades han dejado pasar mucho tiempo antes de intervenir en contra de los invasores. Sin embargo, ahora hay una resolución judicial que se tiene que cumplir.
En cuanto a la ejecución del desalojo, pienso que el sector Interior y la policía tienen que tomar algunas previsiones para evitar el costo social. En democracia, las instituciones tutelares no están para protagonizar acciones violentas que ocasionen costo social.
Considero que lo ideal sería que las instituciones interesadas en el tema analicen la situación y busquen una salida que reduzca el riesgo de la violencia. Por ejemplo, se podría estudiar la posibilidad de trasladar a otra propiedad a quienes están ocupando el terreno.
Sin embargo, debemos señalar que, cuando llegue la hora del desalojo, hay estrategias y tácticas que se podrían emplear para asegurar la victoria de las fuerzas del orden, evitando un choque frontal. La policía está entrenada para esto. Se podría, por ejemplo, aislar la zona. Esto es algo que ya debiera haberse hecho. Se podría cortar los servicios básicos para ir agotando la capacidad de los invasores de resistir, de modo que cuando ingrese la policía, todo se resuelva más fácil.
La cantidad de efectivos que se empleen es un factor fundamental. Deben ser numerosos. Lo mejor es tener una proporción de cinco a uno a favor de la policía, sobre todo porque no se debe usar armas de fuego.