Faltó transparencia

Por Raúl Ferrero C., jurista

Gracias a una oportuna y firme reacción de los medios de comunicación y de la opinión pública en general, el Congreso acusó recibo y declaró la nulidad del proceso de votación de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que fueran elegidos en bloque, sin tomarse en cuenta que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que a los candidatos se les elige individualmente (no en paquete). Ello tiene sustento lógico, ya que la evaluación, como tiene que ser, es a cada uno en particular y no en forma grupal.

A pesar de la rectificación, el Parlamento y la comisión evaluadora de los candidatos han quedado magullados ante un proceso de selección que ha adolecido de falta de transparencia y marcadas deficiencias que deben ser subsanadas.

Del proceso llevado a cabo han quedado 16 finalistas, que parecen reunir los mayores méritos para obtener el cargo (esperemos que no se hayan perdido en el camino algunos que sí debían haber sido incluidos). Sin embargo, el tema de las calificaciones logradas por los candidatos en el proceso de selección sigue siendo un enigma, ya que, aparentemente, después de la entrevista personal, que fue objeto de una primera calificación, a todos se les adicionó un puntaje por las hojas de vida que, coincidentemente, los igualaba en la nota final para obtener todos 65 puntos, aunque posteriormente se ha difundido otra calificación con resultados distintos.

Las informaciones que han sido difundidas por los medios de comunicación debilitan aun más el proceso seguido, por lo que bien valdría la pena que los congresistas hagan un alto en el camino y se vea hasta dónde se puede retrotraer el proceso para salvarlo, en lo que todavía sea salvable, sin necesariamente precipitarse a tener que tomar una decisión sobre sus futuros integrantes el próximo 27 de junio, como se ha anunciado.

Sería preferible aprovechar el receso parlamentario de fines de junio para enderezar las cosas y corregir los errores en los que se incurrieron, y así enmendar el rumbo para validar las etapas que sean necesarias de ser salvadas.

Si las calificaciones de las entrevistas realizadas a los candidatos resultan poco claras, además de dispares, no tiene por qué descartarse realizar nuevas entrevistas complementarias a los que quedaron como finalistas, de forma que pueda contarse con mayores elementos de juicio que sirvan para una evaluación más completa de los candidatos.

Lo peor que podría ocurrir a estas alturas sería apresurar una decisión que termine por echar por la borda todo el proceso, con el consiguiente mayor daño a la imagen del Parlamento y la pérdida de tiempo que ello representaría.

Entretanto, el funcionamiento del TC no tiene por qué verse afectado, ya que, de acuerdo con la LOTC, los actuales magistrados del TC continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que tomen posesión quienes deban sucederlos (reemplazarlos).

Bien vale la pena recalcar la importancia que tiene el TC. A él le compete declarar cuando una ley es o no constitucional, por lo que se constituye en el máximo intérprete de la Constitución del Estado y sus sentencias sobre acciones de inconstitucionalidad o acciones de garantías constitucionales no son revisables ni impugnables por órgano alguno. Es, pues, la última y definitiva instancia.

En ejercicio de esa función contralora, es el único órgano que le puede decir al Congreso cuándo una ley aprobada por este es inconstitucional, dejando a dicha norma sin efecto alguno, lo que equivale a derogarla.

Por eso, se debe elegir a los candidatos más calificados que reúnan las mejores credenciales democráticas.