Juan Paredes Castro
El Congreso podría llevar su ley contra las ONG hasta las últimas consecuencias, si no fuese porque ha tocado gravemente su núcleo más duro: el de la libertad de expresión.

Núcleo que, además, no es una concesión gubernamental ni estatal, sino un derecho constitucionalmente reconocido.

Y es este núcleo duro el que más importa, por encima de que unas ONG tengan unas cuantas virtudes y las otras ONG demasiados defectos.

Es como si el Gobierno quisiera imponer restricciones y censuras a los medios de comunicación, afectando el núcleo duro de la libertad de prensa, solo porque estos son considerados sensacionalistas, no están al día en sus impuestos o promueven la frivolidad.

En una sociedad libre y democrática, será siempre la sociedad la que depure la mala literatura y la mala prensa, no incendiándola en los quioscos, sino leyéndola o dejándola de leer.

¿Las ONG van a ser mejores y más virtuosas solo porque se les suprime sus libertades de expresión y asociación? ¿Es decir, porque se controla y censura los contenidos de sus proyectos?

La comparación con la prensa es válida, pues la ley aprobada en el Congreso, y que está a la espera de promulgación u observación por parte del presidente Alan García, abarca muchas cosas sobre las cuales puede discutirse todo el tiempo, pero contiene una amenaza peligrosa a la libertad de expresión.

No negamos la necesidad de que las ONG rindan cuentas sobre los fondos que administran y sobre aquellos otros que las financian, cosa que en muchas de ellas se da como obligación contractual con las instituciones donantes. Lo que no parece lícito ni decente es que, por la vía de estas obligaciones, se trate de introducir instrumentos de subordinación censora sobre la utilización y el destino final de los presupuestos que manejan.

Bien por la transparencia, que toda sociedad civilizada reclama. Mal por buscar confundirla con un remedo de fiscalización intolerante y totalitaria.

Que la ONG tal o cual responde a ideologías liberales, que la ONG tal o cual le hace el juego al comunismo castrista, que la ONG tal o cual favorece las campañas a favor de la píldora del día siguiente, o que la ONG tal o cual tiene en sus planillas a profesionales que antes trabajaron para el Gobierno, todo ello puede servir para justificar las presiones políticas que se ejercen para sacar adelante la ley contra las ONG.

El señor Aurelio Pastor, abogado, político, parlamentario y presidente de la Comisión de Constitución, que tiene que saber, de pe a pa, la naturaleza de los derechos de la persona humana, puede pasarse todo lo que resta del año buscando en la Sunat y en otros registros de fiscalización antecedentes en falta de tales o cuales ONG.

Logrará, sin duda, sanciones administrativas y hasta penales. Lo que no podrá hacer respecto de tales ONG investigadas es quitarles el núcleo duro que las sustenta: el de la libertad de expresión.

Le ocurrirá lo mismo que a tantos censores y perseguidores de medios de comunicación: no haber logrado someter su libertad de expresión a través de algún decreto o mecanismo coercitivo.