José Arista, ministro de Economía, se presentó ante comisión del Congreso. (Foto: Congreso)
José Arista, ministro de Economía, se presentó ante comisión del Congreso. (Foto: Congreso)
/ Cesar Cox Beuzeville
Israel Lozano Girón

El Ministerio de Economía está a favor de que, en una eventual reforma del sistema de pensiones, se establezca una pensión por consumo donde un porcentaje pagado se destine para financiar el fondo de jubilación. La posición que brindó el titular del sector, José Arista, se pudo conocer esta tarde ante la comisión de Economía del Congreso.

La pensión por consumo propone un aporte voluntario con fin previsional proveniente de los gastos por consumo realizados por los afiliados debidamente sustentados en comprobantes de pago. La pensión corresponde al 1% de la suma del valor de los comprobantes de pago emitidos dentro de cada ejercicio fiscal, con un tope de 12 UIT anuales del consumo total.

Si bien se mostró a favor, Arista aseveró que la medida requiere un ajuste para evitar que esta beneficie a personas de deciles superiores (de mayores ingresos). “El tope de 12 UIT (anuales) considera niveles de consumo mensuales de S/5.000 por persona. No debería subsidiarse población de deciles superiores. Creemos que debería ser un poco menor para evitar que personas de ingresos altos se beneficien con transferencia del Estado”, dijo el ministro.

Con ello, a lo que el ministro Arista apunta es a evitar la regresividad del sistema. “En medida que corrijamos la regresividad, yo creo que está bien encaminada la norma. Además, debería considerarse la gradualidad de la medida para poder evaluar periódicamente su efectividad”, acotó.

Es así que Arista plantea que el tope no sea de 12 UIT, sino de 8 UIT o 6 UIT. Vale decir que, en otro momento del debate, refirió que el monto podría bajar hasta las 5 UIT. Respecto a nivel de ingreso, Arista plantea que sea para los trabajadores que tienen un nivel de ingreso menor a S/2.000. Arista propuso, además, que en aras a darle transparencia fiscal a la medida esta no debería demandar al Estado un presupuesto mayor a S/500 millones al año con una liquidación que se haga a fines de año. Según el MEF, bajo las condiciones planteadas, el costo fiscal de la medida sería de S/1.300 millones anuales al 2025.

El dato

El MEF actualizó el costo que le demanda al Estado financiar pensiones. En total, se presupuesta S/11.000 millones para un millón de pensionistas: S/3.000 millones entre afiliados a la ONP y S/7.000 millones en el sistema pensionario policial. “La transferencia significa el 4% del presupuesto total del sector público”, dijo.

Otros puntos del debate

Arista se mostró en contra de otros planteamientos que hizo la comisión de Economía en su predictamen. Uno de ellos es la contribución del Estado para complementar la pensión de aquellos afiliados a la AFP con insuficiencia de unidades de aportes.

“Sobre las pensiones que uno complementa a los afiliados a la AFP, no me parece porque tenemos al otro lado a gente con pobreza extrema que le estamos dando S/125. A quienes están en la AFP y no logran aportes, deberíamos darles una fracción de la Pensión 65, de tal manera que los dos sistemas están amarrados”, agregó.

Arista dijo que su despacho tampoco está de acuerdo con incluir entre los beneficiarios a la pensión mínima a quienes hayan realizado retiros de cuentas individuales. “Es importante mencionar que personas que ya retiraron sus fondos y que quieren estar en algún sistema donde el Estado les complemente su pensión, deberían buscarse alguna forma de que hagan depósitos voluntarios. Esto a fin de que recuperen sus fondos retirados”, afirmó.

Arista tampoco estuvo de acuerdo con la creación de cuentas nocionales en la ONP sin que antes se realice un estudio que muestre las características del esquema. Finalmente, Arista no estuvo de acuerdo con el pago de un nuevo bono de reconocimiento. “El MEF ya ha manifestado una posición ante el Tribunal Constitucional. Pediría que el TC resuelva para ver cómo actuamos frente a este problema”, aseveró.

Finalmente, el ministro sugirió que la población en pobreza extrema debería tener Pensión 65 y, a partir de los 80 años, “debería subir un poco la pensión a fin de que estas personas puedan tener un ingreso”. “Van a requerir apoyo y debemos apoyarlos a ellos”, dijo.



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