OPINIÓN
Por Juan Incháustegui Vargas. Ex ministro de Energía y Minas
La aprobación por el BID de un crédito de 400 millones de dólares para el proyecto de exportación del gas de Camisea llamado Camisea II, ha puesto en el tapete de la política y el desarrollo del país, un tema crucial para su futuro. Debemos preguntarnos si no sería mejor agregar el mayor valor posible al gas natural y, entonces, tendremos que analizar cuáles son las posibilidades de transformación más adecuadas a nuestras necesidades.
Una primera conclusión --de la que podremos felicitarnos de haber actuado bien-- es que su facilidad y limpieza relativa para usarlo en la generación de electricidad, la estamos aprovechando al máximo. Así hemos podido atender un crecimiento espectacular de la demanda de electricidad, que va camino de duplicarse en seis o siete años, gracias a la instalación rápida y oportuna de centrales eléctricas a gas, que ya van a llegar a cubrir la cuarta parte de nuestro consumo. Para hacer eso posible, todos los consumidores de electricidad hemos tenido que prepagar por los recibos de energía eléctrica , la llamada "garantía de red principal" que es una parte del costo del transporte del gas, que nos ha permitido hacer realidad la puesta valor del gas de Camisea, veinte años después de su descubrimiento, y mantener las tarifas eléctricas bajas, recuperando así, en exceso, lo prepagado. Se fijó también con ese propósito un precio inicial del gas en boca de pozo, bajo o promocional de 1 dólar por millón de BTU, para el uso del gas para generación de electricidad, que en otros países cuesta tres o cuatro veces más.
Llega ahora el momento de procurar el uso o la transformación del gas en insumos o productos finales de uso industrial y su exportación convertido en gas licuefactado, para ser regasificado en los mercados de destino y utilizado como combustible o insumo industrial. Esta aparente disyuntiva es la que debe merecer un análisis cuidadoso y permanente y que ha motivado expresiones de preocupación u objeción a la exportación del gas, que es precisamente lo que hará el proyecto Camisea II .
Aquí el tema se complica, porque tiene que ver con conceptos claves como la cantidad de gas que tenemos, es decir las reservas probadas, la demanda del mercado local y de exportación del gas y de sus derivados, y su evolución en el tiempo. Una primera conclusión elemental es que la prioridad corresponde sin duda al abastecimiento de la demanda local y, por tanto, ningún contrato o acuerdo de explotación o transformación debe privar al país de la facultad soberana de disponer y ejecutar la preferencia de la atención de su mercado interno. En ese sentido, en el gobierno anterior se distorsionó grave y sospechosamente la norma que disponía la obligación de mantener un horizonte permanente de reservas probadas que permitiera atender en todo momento la demanda local proyectada a 20 años.
De otro lado, las reservas, que son la base de toda proyección de uso, tienen un reconocido carácter dinámico. Es decir, para aumentarlas, es preciso explorar y para que haya interés y se realicen exploraciones debe haber mercados y, por tanto, producción. Este aparente círculo vicioso debe convertirse más bien en virtuoso y eso es lo que sostienen los defensores de la exportación del gas. Es decir, a más producción y exportación, más exploración y , en consecuencia, más reservas.
Las reservas probadas a la fecha llegan a los 11,93 trillones de pies cúbicos o TCF (tera pies cúbicos) y el consumo proyectado local , sin incluir la transformación petroquímica del gas, se proyectaría a un máximo de 6 TCF en 20 años. La exportación anunciada será de 600 millones de pies cúbicos por día , MMpcd, equivalentes a 4,38 TCF en el mismo período de 20 años. En cambio se ha subastado para su transformación petroquímica primaria (o sea conversión en úrea y metanol) solo 150 MMpcd equivalentes a 1.095 TCF siempre en 20 años y ha habido más postores en esa subasta, a los que ya no se ha podido conceder o asignar ningún volumen de gas. En otras palabras, se estaría prefiriendo exportar el gas y no transformarlo localmente para generar más trabajo y más renta para el país y, a la vez, abastecer el mercado interno y exportarlo como petroquímicos.
Pero ese objetivo enfrenta un mercado limitado y con barreras naturales y ventanas de tiempo, además de dependencia de las características del gas, para producir petroquímicos más complejos como los polietilenos. Por consiguiente, la opción de exportar no es simple ni el mercado fácil e inmediato. Naturalmente todo estaría resuelto si las reservas aumentaran.
Por consiguiente, la anhelada buena noticia de un incremento de reservas en varios de los lotes en exploración que se vocea cada vez más, es un factor a favor de la exportación. Empero, una definición concreta y firme sobre el derecho soberano del país a preferir, en todo momento, el abastecimiento al mercado local, es una obligación que el Gobierno no puede soslayar.