ESPINOSO CASO MIGUEL CASTRO CASTRO

Perú pide a CIDH que no lo obligue a reparar a SL

Morote y Pardavé entre los posibles beneficiarios de sentencia judicial. Ciurlizza, ex CVR, considera imposible que dicha corte enmiende sentencia

Por Ítalo Sifuentes Alemán

"Este año el Estado peruano tiene una verdadera oportunidad de dar un mensaje de paz y reconciliación al país si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resuelve favorablemente la demanda de interpretación interpuesta por el Caso Miguel Castro Castro", lo cual debe ocurrir en el transcurso de este mes.

Así lo expresó el agente del Perú ante la CIDH para este caso, Luis Alberto Salgado, quien en relación con los hechos protagonizados en 1992 por efectivos policiales en dicho centro penitenciario (en el que estaban internos acusados de subversión) indicó que el Estado reparará moral y económicamente a los familiares de las víctimas y a los internos que resultaron absueltos, pero no a quienes terminaron sentenciados por terrorismo.

La CIDH resolvió el 25 de noviembre del 2006 que el Estado peruano debía reparar a los familiares de las 41 víctimas del Caso Miguel Castro Castro e incluso a quienes consideró fueron víctimas directas del accionar de las fuerzas policiales, entre ellos heridos y fallecidos que fueron parte del comité central de Sendero Luminoso (SL).

Estos senderistas son Tito Valle Travesaño, Yovanka Pardavé Trujillo, Elvia Nila Sanabria, Deodato Juárez Cruzatt y Osmán Morote Barrionuevo, "este último herido en el lugar de los hechos y que luego de un juicio justo fue condenado a 25 años de prisión", manifestó Salgado.

Incluir a estas personas en el acto de desagravio que en su momento realizará el Estado sería convertirlo en una reivindicación política para dicho grupo subversivo y para los terroristas, a los que --según explicó Salgado-- la CIDH ha declarado junto con otras 26 personas (ver nota aparte) víctimas de este caso.

Así las cosas, Salgado explicó que si bien absolutamente nada justificaba la violación de derechos humanos por parte del Estado, la CIDH no podía permitir que a través de una sentencia judicial grupos terroristas como SL sacaran provecho de un acto de reparación social.

Javier Ciurlizza, ex secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), consideró imposible que la CIDH enmiende su sentencia, pues el Perú está obligado a reparar incluso al más abyecto de los criminales.

"Naturalmente, hay un sentimiento comprensible por la magnitud de los crímenes de SL, pero ese es un tema político interno. En términos jurídicos, si la CIDH determinó que hubo violación de derechos humanos, el Estado está obligado a restituir esos derechos", manifestó Ciurlizza.

FUERON VICTIMARIOS
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, refirió que en el Caso Miguel Castro Castro los sentenciados por subversión no pueden ser vistos como víctimas sino como victimarios.

"Los acusados de terrorismo que fueron absueltos por la justicia evidentemente fueron víctimas del debelamiento de un motín, en el que hubo gente que salió lesionada", explicó.

Flores-Aráoz solicitó que en el informe oral que en su momento se haga ante la CIDH, los representantes del Estado peruano dejen muy en claro ante este organismo de justicia supranacional la diferencia entre víctimas y victimarios, así como que se insista en que lo que ocurrió fue el debelamiento de un motín de presidiarios.

Para Salgado, la consulta que se ha hecho a la CIDH no sugiere que el Estado peruano busque justificar los actos violentos cometidos por efectivos policiales, "los cuales serán debidamente deplorados en el acto de reparación que se realizará. Esto se formulará en el mismo espíritu de equidad y verdad y en respeto y memoria de las víctimas que murieron a manos de SL".

Según el informe de la CVR, entre los responsables del Caso Castro Castro figuran los generales (r) de la PNP Miguel Barriga Gallardo, ex jefe de la División de Apoyo de Justicia; Abraham Malpartida Salazar, ex jefe de las Fuerzas Especiales de la Policía; Federico Hurtado Ezquerre, ex jefe de la División de Operaciones Especiales. También los responsables de la operación en dicho centro penitenciario, entre ellos el coronel (r) PNP Teófilo Vásquez Flores.

Reparación alcanzaría a más de 20 terroristas
Fueron condenados por terrorismo, pero una sentencia de la CIDH busca que el Estado peruano repare moral y económicamente a Carlos Banda Janampa, Gustavo Caycho Saldías, Crisineo Neyra Torres, Julián Ronceros Solano, Julio Ventocilla Yacchi, Édgar Galán Martínez, Hernán Collazo Rojas, Édgar Tolentino Gonzales, Nicéforo León Lliuyacc, Ramiro Porras Pino, William Gabriel Sánchez y Donald Olivas Palma.

También a Óscar Gilbonio Navarro, Julio Quispitupa Javier, Jesús Ccopa Molina, Miguel Cruz Suaña, Heli de la Cruz Azaña, Margot Liendo Gil, Óscar Montes Oscanoa, Isabel Moreno Tarazona, Víctor Olivos Peña, Martín Peralta Saldarriaga, Henry Riveros Quintanilla, Victoria Trujillo Agurto, Víctor Zavala Cataño y Urcesino Ramírez Rojas.