El Estado pretende promover la lectura sin invertir en las bibliotecas públicas

Por Fabiola Torres López

El niño entra de la mano de su madre, con cierto nerviosismo y curiosidad por lo que siente desconocido. Mientras ella lo registra, el pequeño de 6 años explora todo: saca los libros de tapas coloridas de los estantes, prueba los sillones de espuma y las colchonetas dispuestas en la sala de lectura infantil Francisco Izquierdo Ríos.

Han pasado varios textos por sus manos, pero ni "El patito feo", de Andersen, ni los cuentos de hadas de los hermanos Grimm convencen al chico de sentarse a leer o por lo menos hojear las páginas. El Gran Libro de los Dinosaurios logra al fin capturarlo: se sorprende con cada dibujo y luego se concentra para pronunciar los nombres de los seres del mundo jurásico.

La madre observa que su hijo realmente se divierte y siente satisfacción: la tarde de un viernes de verano iba a terminar solo con las clases de natación que el niño toma a unos metros de la Biblioteca Nacional. Ahora, de alguna forma, su engreído ha tenido su primera sesión para aprender a bucear entre libros.

No es nada fácil ganar nuevos lectores y, sobre todo, conservarlos desde chicos hasta adultos en este ejercicio. Aunque desde el 2004, el Ministerio de Educación ha realizado entusiastas campañas para contagiar el gusto por los libros, paradójicamente las bibliotecas públicas no han tenido ninguna prioridad en la inversión estatal.

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) dispone solo de unos 40.000 soles mensuales para dotar de textos no solo a la institución, sino a todo el Sistema Nacional de Bibliotecas (SBN), integrado por 4.767 espacios de lectura municipales, comunales, parroquiales y especializados reportados hasta hace dos años.

Las donaciones de instituciones privadas o de personas altruistas son las principales fuentes de mantenimiento del acervo bibliográfico de las bibliotecas públicas. Los textos donados sirven, pero no siempre se adecúan a los públicos específicos de la biblioteca. "Si lo que se ofrece está desactualizado y no hay un ambiente atractivo, las personas no van", dice Margarita Martínez, directora general del Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas.

No puede sorprendernos entonces que solo durante la temporada de exámenes escolares o universitarios, la Biblioteca Nacional del Perú, la principal biblioteca pública de Lima, registre a más de 20 mil usuarios atendidos por mes, mientras que durante el verano la cifra no llegue ni a los 15 mil por mes. Tenemos lectores instrumentales, los que leen solo para obtener información, pero pocos que realmente lo hacen por voluntad.

SIN RECURSOS FIJOS
En Lima Metropolitana existen 37 bibliotecas municipales, pero no todos los alcaldes asumen decididamente su promoción. La Ley Orgánica de Municipalidades establece como competencia de los gobiernos locales su organización y sostenimiento, pero no considera ninguna partida presupuestaria fija para incrementar la colección de libros que deben ofrecer. De ahí que, por ejemplo, en la biblioteca de Lince no se compre libros desde hace más de una década.

De hecho, un estudio sobre las bibliotecas municipales del país, elaborado por la Corporación Financiera de Fomento (Cofide), advirtió que el 74% de estas tiene un material bibliográfico anterior a 1990.

"Todavía gran parte de los alcaldes sigue pensando que lo que les da crédito es la obra material. No comprenden que instalar en un distrito el hábito de la lectura es un proceso lento, pero la verdadera forma de inclusión social", sostiene Ernesto Yepes, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura- Promolibro. Desde este frente, el Estado ha promovido la creación de unas 240 bibliotecas comunales en Lima, administradas por la propia comunidad, pero la experiencia es aún limitada porque si no hay personas capacitadas y dedicadas a su cuidado, los espacios no se mantendrán.

POLÍTICA INCOHERENTE
Con la aprobación de la Ley del Libro, en el 2003, se suponía que se lograrían tres beneficios básicos: abarataría el libro, apoyaría la industria editorial peruana y dotaría a las bibliotecas públicas de libros actuales a través de Fondolibro, el cual buscaría crear recursos para comprar libros y su distribución. No obstante, nada de ello ha ocurrido aún.

Mientras el Ministerio de Educación ha promocionado el Plan Lector, cuya meta es que los escolares lean un libro al mes, Economía y Finanzas ha retirado los beneficios tributarios para los autores, una medida que solo contribuye a mantener inalcanzables los libros para las mayorías. "Si bien se dio un primer paso con una campaña de sensibilización por la lectura, una política seria significa inversión en las bibliotecas", apunta Marco Martos, presidente de la Academia Peruana de la Lengua.

DE EL COMERCIO
Sobre el acceso a la información pública
El derecho al acceso de información pública está garantizado no solo en nuestra Constitución, sino que se encuentra regulado en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Usualmente, los periodistas coordinamos con las áreas de imagen institucional para solicitar datos y entrevistas. Seguimos este procedimiento en la Biblioteca Nacional del Perú y, cuando ya habíamos realizado la entrevista requerida y obtenido datos estadísticos, una extraña actitud del director técnico del Sistema Nacional de Bibliotecas, Víctor Raúl Mendoza Hurtado, frenó nuestro acceso a la información.

El funcionario indicó que solo con la venia del director general de la institución, Hugo Neira, cualquier funcionario de la BNP puede hablar o entregar información a los medios. Además, tuvimos que devolver información que de buena voluntad se nos había entregado para elaborar esta nota.

Libros no figuran en gasto de inversión
El proyecto de ley que proponía la obligatoriedad de destinar no menos del 1% del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún) a la implementación de bibliotecas públicas fue archivado por el Congreso en noviembre pasado. ¿Por qué lo rechazaron?

Además de la falta de compromiso de los parlamentarios, hubo una deficiencia legal en la redacción del proyecto que estos no supieron enfrentar. Si bien no se puede re dirigir el gasto de las instituciones autónomas como los gobiernos locales, el Parlamento sí podía aprobar una ley que los autorizara a usar dinero del Foncomún con el fin de que invirtieran en sus bibliotecas. ¿Habrá algún congresista que se anime a corregir este error?

Otro grave problema para el fortalecimiento de las bibliotecas públicas está en las propias normas presupuestales del Ministerio de Economía: los libros no son considerados un gasto de inversión, sino un gasto corriente. De esta manera, los alcaldes tienen argumentos para no utilizar los recursos que reciben del canon en la compra anual de textos. Este dinero solo se puede usar en compras de bienes de capital y endeudamiento de obras.