MEF tiene que apoyar reforma judicial

Por Mariella Balbi. Periodista

¿Ud. ha entrado para administrar la ineficiente defensa del Estado, cárceles que son antihumanas; o pretende hacer cambios?
Administrar el caos sería contribuir a no hacer nada, para eso me quedaba en mi práctica privada. Quien mucho abarca poco aprieta, por eso hay que tener metas inmediatas y mediatas. Por lo pronto, tengo cuatro líneas de trabajo, objetivos que quiero sacar adelante. Y esto desde antes, soy abogada litigante y he vivido en carne propia lo que sufre el ciudadano de a pie. He sufrido el maltrato de la administración pública o la indiferencia de los jueces. Queremos continuar implementando el nuevo Código Procesal Penal, es un enorme avance

Tendrá que abrirle el puño al ministro Carranza, no desembolsó
Hay que presentarle un programa dosificado de aplicación

Qué más dosificación, no se otorgó dinero para hacerlo en Moquegua
El MEF tiene que entender que no hay forma de que un país avance sin una profunda reforma de la administración de justicia. El ministro Carranza prioriza el orden fiscal y lo debemos apoyar.

¿El MEF retrasó la puesta en práctica del nuevo código?
La ha retrasado, espero que pueda persuadirlo de la necesidad de que esto continúe. Aún no hemos conversado; sí con la cooperación internacional que reclama una actitud más efectiva del Estado Peruano en las decisiones del MEF. La segunda línea es la desjudicialización, si no, no se avanza. Concordamos con el presidente (de la Corte Suprema Francisco Távara) en que no se trata de crear más juzgados. Está demostrado que el problema de la cantidad de expedientes es anterior a la creación de nuevos juzgados. El Estado ha multiplicado su presencia en la vida pública, sus decisiones producen una cantidad enorme de procesos contenciosos administrativos. Cada juzgado --de los 13 destinados a ello--, tiene entre 6 mil u 8 mil expedientes del Estado.

¿Qué hacer?
El 80% de los procesos viene de la ONP y las pensiones, entonces que el 80% de esos juzgados se dedique a ello. Quienes tienen procesos contra la municipalidad o el Inrena son solitarios, pero deben esperar cuatro meses para que el juez califique su demanda. También, la ONP debe resolver el cuello de botella que tiene. Yo le he dicho al jefe de la ONP que considero inaceptable que haya congestión cuando han tercerizado el servicio y contratan estudios privados. La actuación debería ser mejor, pero no lo será si es que de 100 expedientes que ve la ONP, 100 terminan en el Poder Judicial.

¿Ha aceptado esta crítica el jefe de la ONP?
Sí. Lo ha reconocido. El Banco Mundial hará una consultoría para ver dónde está el cuello de botella. ¡En el PJ hay 60 mil expedientes que corresponden a pensiones! He propuesto que primero se resuelvan los casos de los mayores de 70 años en 90 días, lógicamente ellos no pueden esperar años por su pensión. Para desjudicializar pensamos que los temas de familia --separación, alimentos-- se vean en los municipios y en las notarías. El usuario elegirá el mejor servicio.

La defensa del Estado es, en muchos casos, otra pérdida de tiempo
Ahí hay candados de los que el Estado tiene que liberarse. Es antieconómico que el Estado litigue hasta agotar el último recurso impugnativo, pero de no hacerlo, el procurador tiene responsabilidad. Hay que corregir el marco legal. Además, los procuradores tienen un cliente cautivo, se les paga mensualmente pase lo que pase. No pasa eso con el abogado privado. Y son más de 100.

¿Su actuación es deficiente?
Sí, y el Estado no es menos como cliente. Les falta la inyección de energía y control que requiere un cuerpo colegiado como lo son ellos. El control lo haré yo, participaré activamente, no dejaré que cada proceso sea llevado al libre albedrío de cada procurador, siempre respetándolos. Hay que conciliar, arbitrar o abandonar procesos si es necesario.

¿Para ponerlo en práctica debe aprobarlo el Congreso?
Sí. Ya estamos trabajando en el proyecto. Es algo urgente.

¿Qué pasará con el procurador Gino Ríos?
Tengo 22 días en el cargo, lo estoy evaluando. La próxima semana decidiremos. Él ha presentado su informe, sí creo que el Estado debe dar un mensaje muy claro del uso de sus recursos. Él admitió que lo acompañaron abogados de la procuraduría para un tema personal. No es la mejor manera de ejercer la función. Un abogado no necesita más compañía que él mismo.

La polémica entre el Tribunal Constitucional y el JNE por el Fonavi ha sido tórrida. ¿Está satisfecha con la segunda sentencia del TC?
Con la segunda sí. Con la primera no, porque creaba un caos jurídico, además el Fonavi es un tributo, pero las sentencias deben ser cumplidas. El nuevo fallo del TC da cuatro alternativas que permiten una solución para devolver los aportes del Fonavi. El referéndum es innecesario porque el objetivo se va a conseguir por otras vías.

El juez indicará al JNE si hay referéndum o no. ¿El JNE debe acatar?
Eso no tiene sentido porque hay otras maneras de resolver el conflicto indicadas por el propio TC. Si el conflicto ya se resolvió, qué referéndum va a haber.

¿Y sí el conflicto no se resuelve? ¿Eso implica una ley del Congreso?
Bueno pues, hay que ver cómo se soluciona. Podría ser vía una ley de Congreso, que plantee alternativas a través de los mecanismos señalados por el TC. Es mi opinión personal. Aunque el TC recomienda la formación de una comisión mixta, pero no lo veo necesario.

Si la ley del Congreso demora
En ese caso el juez tendrá que ejercitar las atribuciones que la ley le confiere. Pero no puede dejar de considerar las cuatro alternativas.

¿Están bien definidas las funciones del TC y del JNE, hay vacíos?
Hay una discusión exquisita sobre cuál es el límite. No veo vacíos, la Constitución es muy clara al respecto.

Mauricio Mulder y los miembros del partido nacionalista quieren volver a la Constitución del 79.
Ya hay consenso jurídico frente a la Constitución del 93. No creo que en este momento sea prioritario para la vida nacional. Hay muchísimos temas más que se tienen que atender primero. Prioricemos las cosas que están funcionando y que la Constitución del 93 pueda seguir garantizando.

¿Está siendo cauta porque no quiere enfrentamientos con la célula parlamentaria aprista?
Estoy siendo realista, las discusiones jurídicas, que son pesadas, no necesariamente le interesan mucho al país.

¿El Gobierno anexará al expediente de extradición de Fujimori el caso del penal Castro Castro?
No lo sé todavía. La procuraduría anticorrupción debe evaluarlo también. Si ellos lo sugieren y el supuesto jurídico tiene buen soporte, se considerará. No quiero adelantar opinión.

La secretaría de DD. HH. del Perú pidió a la Corte Interamericana que no se les otorgue reparaciones monetarias a los senderistas muertos en Castro Castro.
Es una demanda interpretativa. Está por resolverse.

¿Está de acuerdo con ello, o el asesinato no tiene color político?
Nuestro país sufrió mucho por la violencia terrorista. El Estado Peruano fue una víctima. No justifico actos de ese tipo. La corte tendrá que evaluar todo esto.

¿Si es senderista, bien muerto? ¿Por qué no reparar a las familias?
No. Yo no digo eso. No estoy en contra de que se repare a las familias, pero la corte tiene que considerar a todos los peruanos también. Su análisis debe ser integral.

¿Está de acuerdo con el pedido del Perú?
Fue un pedido en la gestión anterior. Quiero que el Estado Peruano sea considerado, que la corte haga un análisis integral y que haya reparación a quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos.

¿Qué el futuro ministerio del medio ambiente no se ocupe de la actividad minera no es un contrasentido jurídico?
Este aún está en un programa de diseño. Se debe priorizar el cuidado del medio ambiente, pero tampoco se puede trabar el desarrollo de las inversiones. La actividad minera se debe desarrollar de la mano con el cuidado del medio ambiente. No va a poder estar sustraída de ello. El ministerio tiene que ocuparse de la minería también.

¿La huelga judicial tuvo una buena solución?
Creo que sí. Me preocupa que los trabajadores incumplan su compromiso de trabajar horas extras, vemos que están dejando las oficinas a las 4 de la tarde.

Abimael Guzmán no debería tener privilegios
¿Cómo así Abimael Guzmán tiene televisor y radio en su celda?
Los tiene desde 1993, hace mucho tiempo. En el 2001 el Ministerio de Justicia aprueba un reglamento para las condiciones de internamiento en el Cerec, en la Base Naval del Callao. No dice nada respecto a televisión o radio. Ni lo prohíbe ni lo faculta. La celda de Guzmán es muy pequeña, es una cama y una mesa y ahí tiene los dos aparatos. Él sale a las 9 de la mañana y no regresa hasta las 8 de la noche, según reglamento.

¿Usted está a favor de que tenga televisor y radio?
Creo que no debe tener ningún privilegio y esos aparatos lo son. Otros internos comunes no tienen televisión ni radio.

La citarán al Congreso por esto.
No se preocupe, estoy muy tranquila.

El INPE compra alimentos a la empresa Resal, que falsificó documentos
Perdón, el INPE señaló que los documentos de esa empresa eran falsos en marzo del 2007. ¡Recién el 8 de enero del 2008 Consucode le abre proceso administrativo! Y se le permite seguir operando. Consucode debió cancelarle el registro

¿Algo se pudre en el INPE? ¿Habrá cambios ahí?
¡Algo se pudre en Consucode! Más que cambios, hay que meterle diente a la administración interna del INPE.

El congresista Gustavo Espinoza ingresó a Piedras Gordas a ver a Antauro Humala haciendo pasar al presidente del Gobierno Regional de Puno, Hernán Fuentes, como su abogado. ¿Los congresistas pueden entrar a un penal cuando les venga en gana?
Invocan su estatus y consiguen ingresar a los penales pese a que la directiva del Congreso señala que tiene que ser previa coordinación con el INPE. Creo que deben tener facilidades de horario siempre y cuando su ingreso esté motivado por el ejercicio de sus funciones. Si la visita no tiene nada que ver con ello, no deberían ingresar, tampoco pueden hacer ingresar a otros. Eso genera caos y la población lo desaprueba porque ve que el congresista es un personaje dorado. El señor Fuentes, de Puno, no debió entrar, menos aun si no es abogado de Humala.

¿Por qué el INPE dejó entrar a Fuentes?
Con todo el respeto que se merece el Congreso, muchas veces hay un avasallamiento por encima de los funcionarios públicos que se sienten abrumados por los congresistas. El congresista puede entrar, pero previa coordinación. El congresista Espinoza me ha dicho que no tiene que hacer ninguna. Esto es contrario a lo que indica la directiva del Congreso. Le pediré una aclaración al presidente del Parlamento al respecto. Espinoza sostiene que fue maltratado por el INPE, le he pedido que me lo ponga por escrito, que identifique quién fue y en qué circunstancias. Si es necesario habrá una confrontación entre ambos.

El Ministerio de Justicia abogará para que se proteja a la fiscal Loayza.
Su caso es emblemático y es una preocupación nacional. Ella debe contar con el elemental derecho a su seguridad. De lo contrario se la está poniendo en bandeja. Voy a hacer gestiones ante el Ministerio Público para que no se la exponga a una situación no deseada.

¿Se ratifica en la culpabilidad de Fujimori?
(Ríe). Lo dicho, dicho está. Me pronuncié como ciudadana. El caso está en el Poder Judicial. No tengo nada que reiterar.

Ya convenció al presidente para no publicar la lista de terroristas que cumplieron su condena.
No he conversado con él al respecto. El Ejecutivo envió una propuesta al Congreso y será este quien decidirá.