Titular del INPE informó que se llegó a falsificar órdenes judiciales diversas. Tres peligrosos delincuentes fueron llevados de Piedras Gordas a Lurigancho
Por Mario Mejía Huaraca
Con la falsificación de resoluciones del Poder Judicial y con el pretexto de tener que asistir a supuestas diligencias judiciales, malos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) conseguían trasladar de manera irregular a peligrosos internos de un penal de máxima seguridad a otro de régimen menos estricto. Así lo confirmó ayer el presidente de esa institución, Leonardo Caparrós, quien dio a conocer que por ese caso habían sido separados cuatro altos funcionarios de su entidad.
Caparrós aseguró, además, que tras varios meses de paciente trabajo, la Oficina de Asuntos Internos del INPE detectó el traslado ilegal de tres feroces secuestradores y asaltantes. Alexander Peralta Otero 'Pachuli', Luis Lanazca Livia 'Repucho' y Johnny Ayala Suárez 'Gordo Johnny' fueron llevados del penal de Piedras Gordas al de Lurigancho, donde estuvieron poco más de tres meses. El objetivo del cambio a una cárcel hacinada y con un régimen cerrado ordinario era, según el presidente del INPE, tener más libertad de movimiento, un régimen de visitas más amplio y menos control para poder dirigir actos delictivos desde la prisión.
Los tres peligrosos hampones fueron devueltos hace una semana al centro penitenciario ubicado en el distrito de Ancón.
FALSAS DILIGENCIAS
Caparrós explicó que el procedimiento que empleaban los malos funcionarios para ejecutar el cambio irregular era el siguiente: Primero fraguaban una orden judicial en la que se decía que el interno tenía una diligencia en el penal de Huaral. Con esa orden era conducido a ese establecimiento, pero como no estaba programada ninguna audiencia el reo se quedaba una semana. Después, con otra falsa orden, el recluso era trasladado al penal de Lurigancho, que era su destino.
Tras descubrirse estos irregulares trámites, la alta dirección del INPE decidió iniciar proceso administrativo disciplinario contra los presuntos implicados para determinar su grado de responsabilidad. Por ese motivo fueron separados de sus cargos el director de la Oficina Regional Lima, Henry Cotos Ochoa; el titular de la Subdirección de Seguridad de la Región Lima, Óscar Castillo Calderón; el encargado de las diligencias judiciales y traslados de Lima, Luis Mejía Medina, y el director del penal de Huaral, Manuel Silva Palacios.
Estos hechos han sido comunicados a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), a la Procuraduría del Ministerio de Justicia, para que haga la denuncia respectiva ante la fiscalía, al Ministerio del Interior y a los juzgados y salas cuyos nombres fueron empleados para fraguar las órdenes de traslado.
Según las investigaciones realizadas por la Oficina de Control Interno del INPE, algunos funcionarios y servidores de la Oficina Regional de Lima utilizaron otros documentos fraguados, como resoluciones directorales.
Como parte de las investigaciones, el INPE solicitó la verificación de las resoluciones a los juzgados y salas de donde supuestamente provenían. Entre esos órganos figuran el Primer Juzgado Penal Transitorio de Huaura. No solo confirmaron la falsificación del documento, sino que aseguraron no tener ninguna causa abierta contra esas personas.
Caparrós también informó que a los presuntos implicados se les ha tomado su manifestación y han negado cualquier responsabilidad. "Cotos Ochoa, por ejemplo, reconoce que hubo irregularidades en el traslado, pero dice que no participó y que no conocía esos hechos", explicó.
Los reclusos implicados tampoco han querido señalar a los responsables, solo se limitaron a decir que no sabían nada.
Peralta Otero está sentenciado por secuestro y robo agravado y tiene condena hasta mayo de 2018. Lanazca Livia, sentenciado por secuestro y terrorismo agravado, deberá cumplir condena hasta febrero de 2029 y Ayala Suárez deberá purgar cadena perpetua por los delitos de secuestro y terrorismo agravado.
PRECISIONES
4Los documentos en los que se ordena el traslado fueron visados con sellos falsos del INPE y de juzgados y salas.
4En esas resoluciones también se señala que fueron recibidos vía fax, pero no tienen las características de haber llegado por ese medio.