Confiscación de bienes del narcotráfico

El Congreso de la República no puede demorar más los cambios a la Ley de Pérdida de Dominio, para precisar y limitar su aplicación a casos de narcotráfico, terrorismo, secuestros, extorsión, trata de personas y lavado de activos, es decir, para atacar el enriquecimiento patrimonial que genera el crimen organizado.

Como se sabe, el Ejecutivo aprobó en julio del 2007 el Decreto Legislativo 992 Ley de Pérdida de Dominio, el mismo que fue reglamentado antes de concluir el año pasado. Sin embargo, la norma fue objetada en el Congreso porque ofrecía riesgos de inconstitucionalidad con relación a la confiscación de bienes, planteándose su derogatoria o reforma, algo que no se ha cumplido hasta la fecha.

En principio, se sabe que la reforma de la norma consistirá no solo en limitar su aplicación a ciertos casos, sino que se dejará de lado la técnica procesal que obligaba al acusado por narcotráfico a probar la procedencia lícita de sus bienes y así evitar la incautación. Lo que se está promoviendo es que dicha tarea sea asumida por el Ministerio Público, para que al mismo tiempo de dejar salvado el principio de la presunción de inocencia, sea riguroso en la investigación de evidencias que justifiquen la confiscación de patrimonios mal habidos.

Es necesario que los parlamentarios valoren lo que está en juego y agilicen la modificación de la ley actual. Lo que no pueden hacer es oponerse al sentido de la norma y pretender derogarla de plano. Lo que se requiere es que sea reformada para avanzar en la lucha contra el crimen organizado. Hoy son múltiples los casos en que las propiedades de condenados y acusados con evidencia por narcotráfico no pueden ser incautadas de forma expeditiva. Y, ante los enrevesados trámites judiciales, los bienes terminan siendo transferidos a terceros, en lugar de revertir a favor de las instituciones del Estado.

Debe reconocerse que atacar las ganancias de narcotraficantes y terroristas --generalmente encubiertas, en manos de testaferros o con apariencia de legales-- es ir al núcleo mismo de organizaciones cuyos delitos no pueden quedar impunes. Además, permitiría inmovilizarlos totalmente, para que no sigan delinquiendo en perjuicio del país.