La discriminación que algunos clubes privados ejercen sobre las mujeres, al no permitirles ser socias, tiene los días contados. Ayer el presidente Alan García suscribió un decreto supremo otorgando un plazo de 90 días a dichas instituciones para que adecúen sus estatutos. Si cumplido dicho plazo no lo han hecho, se faculta al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mindes) a iniciar las acciones legales correspondientes.
"Es verdad que la Constitución establece la libertad de asociación, pero dice (artículo segundo inciso trece) que todos pueden asociarse sin fines de lucro, sin autorización previa, pero con arreglo a la ley", dijo García.
Explicó que está vigente la Ley de Igualdad de Oportunidades (28983) que establece que no debe haber diferencias entre hombres y mujeres, norma que ciertas instituciones violan al no aceptar socias.
"Podrá solicitar (el Mindes), de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, la disolución de las organizaciones jurídicas que discriminen a las mujeres y también podrá solicitar denuncia penal por el delito de discriminación establecido en el Código Penal".
El Comercio se comunicó con directivos de los clubes Nacional y Regatas --que no permiten a las mujeres ser socias titulares-- pero no quisieron hacer comentarios.