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Fonafe pide cambios en el nombramiento de directores

Por Elizabeth Cavero

¿Qué diferencia a las empresas estatales de las empresas privadas? ¿Qué controles existen en las empresas privadas que dificultan los malos manejos? La denuncia hecha por el programa "Cuarto poder" el 13 de abril, sobre el Banco de Materiales (Banmat), pone nuevamente sobre el tapete el tema de si las empresas del Estado pueden conducirse tal como lo hacen las empresas privadas.

En el Perú, 34 empresas del Estado están agrupadas en el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). Estas empresas, al igual que las del sector privado, tienen directorios cuyo objetivo es garantizar la buena conducción de la entidad, vigilando las acciones de los gerentes y manteniendo la independencia respecto de los dueños.

A partir de ahí son muchas las diferencias. Mientras que en una empresa los dueños nombran a directores de su confianza, que en última instancia van a velar por su capital, en las empresas del Estado cuatro de los cinco miembros del directorio son propuestos por el ministro del sector correspondiente. Así, en representación de los 27 millones de peruanos, el ministro de Energía y Minas propone a los directores de las empresas eléctricas; el ministro de Vivienda propone a los del Banmat, etc.

Si bien estos candidatos pasan por una calificación antes de ser nombrados, el Ejecutivo quiso dotar de mayor independencia el proceso y hace un año, el 16 de abril del 2007, pidió cambiar el sistema de nombramiento para que la propuesta no parta del ministro, sino de una comisión especial nombrada por el directorio del Fonafe (formado a su vez por varios ministros). ¿Más trámites? Sí. ¿Mayor transparencia? También.

El proyecto sigue a la espera de ser debatido en las comisiones de Economía y de Modernización del Estado del Congreso. Según la sustentación del Fonafe, entidad de la cual nació la iniciativa, al lograr directorios más independientes del poder político, estos tendrían también más continuidad.

Y la continuidad es importante porque la junta directiva debe estar plenamente enterada de las decisiones de los gerentes y de los avances de la empresa. De esa manera, cuando los directores reciben los estados financieros revisados y aprobados por los auditores externos, las cifras no les serán ajenas. Según la Ley General de Sociedades, tanto en las empresas privadas como en las empresas públicas, el directorio debe elaborar y sustentar los estados financieros a la Junta General de Accionistas.

Y es aquí donde radica otra gran diferencia, pues mientras en las empresas privadas la sociedad de auditoría externa es nombrada por los directores, en las empresas públicas el Fonafe debe hacer un requerimiento a la contraloría para que esta licite el servicio entre 75 sociedades de auditoría previamente calificadas e inscritas en un registro. El problema con este sistema, dictado por la Ley del Sistema Nacional de Control, es que los plazos no son los mismos.

Mientras que en las empresas privadas las firmas de auditoría externa suelen trabajar tres meses a partir de enero y por lo general tienen su dictamen en marzo o abril, los procesos en el Estado hacen que la contratación de los auditores externos demore (ver recuadro). De hecho, en varias de las empresas del holding estatal (Cofide, Distriluz y el propio Banmat), los estados auditados del 2007 estarán listos en junio. Toda decisión sujeta a este informe, como el reparto de utilidades, deberá esperar.

La auditoría externa
El proyecto 1217, que plantea la Ley Marco que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado, es la que plantea el cambio en el nombramiento de los directores para las 34 empresas del Fonafe.

Originalmente, hace más de dos años, el proyecto planteaba exonerar a las empresas del Fonafe del Sistema Nacional de Control, en lo que respecta a la designación de las sociedades de auditoría externa, de tal manera que estas fueran nombradas por los directorios, tal como ocurre en el sector privado.

Sin embargo, esos párrafos fueron retirados del proyecto pues se observó que el control sobre todos los bienes públicos está a cargo de la Contraloría General de la República.

Según el presidente de la Comisión de Constitución, Javier Velásquez Quesquén (Apra), no es posible permitir con una ley que las empresas del Fonafe designen a los auditores externos, pues la Constitución Política es la que otorga esa responsabilidad a la contraloría general.