Lo grave de todo esto es que rápidamente se cae en ligeras y peligrosas generalizaciones, se ignora que la fiscalización que ahora se intenta imponer sobre ellas ya existe y se las quiere hacer pasar por un control gubernamental que, en el fondo, busca restringir y anular sus acciones, despojándolas, sobre todo, de libertad.

No podemos tapar el sol con un dedo: con todas sus virtudes y defectos, estas organizaciones han cobrado un desempeño y protagonismo singular e importante en muchos ámbitos del país, ya sea para impulsar proyectos educativos, técnicos y de investigación y desarrollo; subsanar la ausencia y exclusión del Estado, principalmente en las zonas más pobres o allí donde la violencia del narcotráfico y del terrorismo aún genera estragos.

Es más, ¿cómo olvidar la labor incansable en la defensa de la democracia del Instituto de Defensa Legal (IDL), Transparencia o del colectivo feminista durante los oscuros años de la dictadura fujimorista?

Cuidado. Tengamos memoria y tomemos muy en cuenta estas premisas a la luz del poco meditado proyecto que el Legislativo acaba de aprobar, en una primera votación polarizada, para imponer verticalmente la inscripción obligatoria de las ONG en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), como condición sine qua non para su ejercicio privado.

El proyecto, que introduce una serie de modificaciones a la Ley 27692 que creó la APCI, también concede a esta entidad pública la facultad de "priorizar la ayuda internacional independientemente de la naturaleza jurídica de la fuente cooperante, en función de la política nacional de desarrollo y el interés público". ¿Esto significa que será el Gobierno quien decidirá qué proyectos se aprueban y qué proyectos se realizan?

Sin duda, todos debemos rendir cuentas. Pero, en este caso, el control tiene que venir de una institución reguladora independiente y autónoma, y no de un brazo político del Gobierno de turno. Un organismo transparente, cuyos miembros provengan también de la sociedad civil, de una junta de notables, de los colegios profesionales.

Lo que se necesita es orden, pero con transparencia y con garantías de que los controles no impondrán camisas de fuerza a nadie para neutralizar su labor , libertad e independencia.

Tal vez se podrían mejorar los canales de fiscalización interna y externa que ya existen (de otra manera, ninguna ONG recibiría los fondos de la cooperación internacional que percibe). Lo que el Gobierno no puede hacer es funcionar al ritmo de la coyuntura o de intereses particulares que han puesto la mira en estas organizaciones.

Lo que preocupa aquí es pues el telón de fondo, del fujimorismo principalmente, que con el apoyo del Apra, Unidad Nacional y UPP/PNP han aprobado una norma bajo consideraciones endebles, autoritarias y restrictivas. Si no veamos algunas perlas de la exposición de motivos de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista fujimorista Rolando Sousa:

Las ONG han ejecutado en el 2004 "más del 50% del monto total de la cooperación internacional", mientras que el Estado Peruano gestionó ese mismo año solo el 46%. ¿Tienen la culpa de eso las ONG? Es más, la comisión dice que de los 390 millones de dólares que ingresaron al Perú en el 2004, "solo se destinaron 13,7 millones a la educación () y apenas un millón para mejorar la salud materna". En cambio, la sostenibilidad del medio ambiente recibió 55,7 millones. ¿Y qué hace el Estado, responsable de garantizar la salud de la población? Ahora sabemos por qué las políticas de medio ambiente no avanzan.

El Legislativo no puede ceder a este tipo de fundamentaciones, ni el Ejecutivo --que también envió sus aportes a la ley-- pisar el palito de quienes buscan debilitar las entidades que han aportado al país, que fiscalizan al Estado y denuncian abusos contra los derechos humanos, la impunidad y la exclusión social. El presidente del Consejo de Ministros debería preguntarse quién está detrás de todo esto, quiénes son sus autores intelectuales y quiénes sus caras visibles.