Retirarán proyecto que daba facultad al Ejecutivo para intervenir en las regiones

7:41 | El Gobierno y regiones ahora conversan sobre la fusión de departamentos y regiones grandes

Por Gerardo Caballero / El Comercio

A pesar de que estuvieron reunidos en el gran comedor de Palacio de Gobierno, no tuvieron tiempo de almorzar. Apenas si comieron unas butifarras y una porción de 'papapán', las cuales debieron acompañar con café para alejar la modorra de las casi 11 horas que duró la reunión entre los presidentes regionales, el Consejo de Ministros y el presidente de la República.

Tan esperado encuentro arrancó cerca de las 8:30 a.m. Al inicio, el presidente regional de Lambayeque y cabeza de la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, Yehude Simon, recordó al jefe del Estado el discurso que dio al concluir su primer gobierno (1985-1990).

En aquella ocasión, García resaltó el inicio de la más importante reforma del Estado: la descentralización, con la creación de 12 regiones.

Fue así como el llamado segundo Foro de Coordinación entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos Regionales evaluó --horas más tarde-- la creación de regiones a partir de la fusión de varios departamentos.

Actualmente, los gobiernos regionales están circunscritos a los departamentos. En noviembre del 2005, se llevó a cabo un referéndum impulsado por el gobierno de Alejandro Toledo para fusionarlos. Sin embargo, la consulta no tuvo mayor éxito.

No obstante, en la reunión de ayer, ministros y presidentes regionales coincidieron en dirigir sus esfuerzos a la formación de verdaderas regiones. Incluso se habló de macrorregiones piloto: una de ellas creada a partir de la unión de Amazonas, San Martín y La Libertad; y otra que sería producto de la fusión de Lambayeque y Cajamarca.

"Necesitamos que la descentralización fiscal favorezca la agrupación de departamentos en verdaderas y grandes regiones con una sostenibilidad económica mucho mayor. No podemos contentarnos con el departamentalismo", dijo el presidente García al finalizar la cita.

De este modo, los departamentos que actualmente recaudan mayores recursos gracias al canon minero compartirían sus bonanza fiscal con sus vecinos menos favorecidos.

Limando asperezas
Sin embargo, antes de llegar al debate de esta perspectiva, fue necesario dejar de lado algunos escollos surgidos entre el Gobierno Central y los presidentes regionales. Fue así que, por ejemplo, el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, aclaró que no tuvo ningún afán separatista cuando pidió autonomía económica y política para su departamento.

También ratificó su respeto al Perú como un país unitario. "Eso nos satisface a todos porque nadie en su sano juicio puede pensar en fragmentar nuestra patria", comentó Simon a la prensa.

Y como para ganar la confianza de sus interlocutores, el presidente García les anunció que el proyecto de ley para que el Ejecutivo intervenga en los gobiernos regionales que no acaten las normas de alcance nacional había sido retirado. Dicha iniciativa había sido presentada por el parlamentario aprista José Vargas.

"Creo en la institucionalidad democrática. Ellos representan a los pueblos. Si negamos su representatividad o su legitimidad, estamos afectando las bases de la democracia", comentó el jefe del Estado al término del encuentro, cerca de las 7:30 p.m.

"A través de la convicción, de la buena fe y del trabajo conjunto podemos lograr mucho más que mediante la amenaza de la intervención", agregó García, quien reconoció que "nuestros buenos propósitos se dan dentro de un marco de tensiones permanentes". No obstante, calificó la reunión muy productiva, muy cordial y de un alto nivel técnico y político.

Acuerdos tomados
Pero todos estos buenos gestos estuvieron también acompañados por acuerdos concretos. Uno de ellos es liberar los fideicomisos mineros para que los gobiernos regionales puedan invertirlos en obras sociales y productivas.

También se decidió entregar a los gobiernos regionales las empresas eléctricas de distribución regional. Asimismo, se decidió "compartir" el manejo de programas contra la pobreza, como Juntos y Crecer, en tanto que otros (como Pronamachcs y Foncodes) irán a las regiones.

Del mismo modo, los gobiernos regionales participarán en la elaboración de normas destinadas a la implementación del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos. Por último, producirán programas de convocatoria turística para que sean transmitidos por TV Perú y Radio Nacional, y participarán activamente en campañas de salud y de promoción del agro. Aunque no hubo almuerzo, todos los asistentes salieron al final aparentemente satisfechos.

Especialistas: entre el optimismo y la duda
El anuncio del jefe del Estado de liberar los fideicomisos mineros para que sean aplicados por los gobiernos regionales en obras sociales fue recibido con optimismo por el responsable del programa Minería y Comunidades de la ONG Cooperacción, José de Echave.

Dijo que utilizar estos recursos en el mediano y largo plazo les permitirá a los gobiernos regionales alcanzar una mayor madurez en la administración de sus recursos. Aseguró que, si bien en una primera etapa se podría tener el problema de un manejo ineficiente, tal como ha sucedido con el canon y las regalías petroleras y mineras, la transferencia permitiría construir una institucionalidad mayor con la materialización de planes de desarrollo coherentes.

"El riesgo de decir que no están preparados y no transferirles los recursos es no permitirles lograr nada en el mediano y largo plazos", añadió.

Sobre la transferencia de las empresas de distribución eléctrica a los gobiernos regionales, el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi sugirió hacer un estudio previo, pues se trata de enormes capitales que no se pueden poner en riesgo por una decisión política.

Subrayó que las empresas de distribución requieren constante inversión que probablemente los gobiernos regionales no puedan hacer, razón por lo que tendrán que ver opciones, como darlas en concesión.

Dijo que algunas de las decisiones que toman las autoridades regionales han tenido un fin político antes que técnico, lo que podría perjudicar a las empresas de distribución eléctrica.