13:23 | Ex presidente del TC Víctor García Toma indicó que organismo electoral debe cumplir la sentenciapara evitar poner en tela de juicio el Estado de Derecho en el país
Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pueden ser pasibles de una denuncia por resistencia a la autoridad y eventualmente ser destituidos, si ratifican su posición de no cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la realización de un referéndum para la devolución del dinero de los aportantes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), sostuvo Víctor García Toma, ex presidente del máximo intérprete de la Carta Magna.
"No debemos olvidar que el presidente del JNE es magistrado de la Corte Suprema y que en consecuencia tiene idea clara de que las resoluciones tienen que ser cumplidas y acatadas. Y si la situación sigue así, esto puede derivar una lamentable medida como es la destitución. Recordemos que los miembros del JNE no tienen derecho al antejuicio, ni a la acusación constitucional y que podrían ser pasibles incluso del delito de resistencia a la autoridad", señaló en conversación con Ideeleradio.
Indicó que el organismo electoral debe cumplir la sentencia para evitar mayores problemas, los que según dijo, se generaron con la negativa del Congreso de procesar la solicitud de los fonavistas. Para el ex magistrado, este es un problema doméstico con el cual se pone en tela de juicio el Estado de Derecho en el país.
"Hay un primer tema, que es que el JNE tiene que cumplir la sentencia. El segundo aspecto es que ciertamente la solución a este tema no será un referéndum, sino una solución política que el Parlamento no está dando. Lo lamentable de todo esto, es que el Congreso ha tenido todo el tiempo suficiente, para a través de la ley, tener una solución técnica y razonable en la que de un lado se satisfagan los legítimos intereses de los fonavistas y por el otro se protejan y se cautelen el adecuado uso de los recursos públicos", refirió.
Para el ex presidente del TC, esta actitud del JNE debe ser deplorada por la población con la misma firmeza con que han condenado las decisiones del presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, quien se niega a acatar una resolución que declara ilegal la ordenanza que legaliza el cultivo de la hoja de coca.