17:19 |
Dos congresistas de la oposición demandaron hoy, martes, al Poder Ejecutivo que desactive la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), luego de que su jefa Carolina Lizárraga renunciara a esa entidad tras argumentar problemas de salud. Sin embargo, algunas versiones refieren que fue por falta de apoyo técnico y económico del régimen.
Para el coordinador de Alianza Parlamentaria (AP), Carlos Bruce, "la ONA sobreponía funciones que le correspondían ejercer a la Contraloría y al Ministerio Publico". Por ello, insistió en que se debe fortalecer a estas dos últimas instituciones y aumentar los sueldos de los empleados estatales, porque -consideró- esas son medidas para evitar actos de corrupción.
"La oficina demostró que no ha servido para nada en materia de lucha contra la corrupción. Hay que pensar de qué manera se afrontará ese tema y sería un error tratar ese problema como si fuera de personas", manifestó a elcomercio.com.pe.
Por su parte, su colega Isaac Meckler refirió que se "debería cerrar de manera inmediata a esa entidad de fachada, que era parte del circo aprista, tal como lo fue el Pacto Social y Forsur (fondo para la reconstrucción del sur)".
"A la señora Lizárraga le demoró varios meses notar que es imposible luchar contra la corrupción y fiscalizar siendo subordinada del Poder Ejecutivo", aseveró.
Ante esa situación, el nacionalista propuso la creación de la comisión nacional anticorrupción, "integrada no por personas sino por las instituciones más intachables de la sociedad, como la Iglesia, el Colegio de Abogados" y los medios de comunicación. Precisó que su labor sería ad honórem.
"La comisión observaría y recomendaría en qué lugar y en qué entidades podrían intervenir la Contraloría, el Ministerio Público o la Comisión de Fiscalización. No actuaría directamente y no se metería a los temas puntuales", enfatizó.