Legisladores de EE.UU. piden a Alan García respetar contrato de sus ciudadanos

20:27 | En una carta, abogaron por los derechos de Renee Levy, quien pretende urbanizar 200 hectáreas de un terreno, a fin de no ir contra el "espíritu y letra" del TLC

Washington, EE.UU. (AP).- Cinco miembros de la Cámara de Representantes, que votaron por la ratificación del tratado de libre comercio con Perú, pidieron al presidente peruano Alan García respetar los contratos y "restaurar los derechos de propiedad" de una mujer a quien se le ha negado urbanizar 200 hectáreas de terreno de manera aparentemente ilegal.

La carta, difundida el martes por la oficina del congresista demócrata Eliot Engel, presidente del subcomité de asuntos del Hemisferio Occidental de la cámara baja, dice que las acciones de las autoridades contra la familia de la peruana-estadounidense Renee Levy son contrarias "al espíritu y letra" del TLC, que está a sólo días de entrar en vigor.

Además de Engel, la firmaron Dan Burton, el republicano de mayor jerarquía en el subcomité; la demócrata Carolyn Maloney, el republicano Jerry Weller y el demócrata Gregory Meeks.

Dicen que una orden del Instituto Nacional de Cultura (INC) "no sólo convirtió en inútil la propiedad... sino que no se ha ofrecido compensación alguna a los dueños por la toma arbitraria y posiblemente ilegal de la propiedad". "Más aun, esta acción parece violar tanto el espíritu como la letra de nuestro tratado de libre comercio que pronto será implementado", agregó.

Explican que Levy, que vive en Nueva York, y dos hermanos suyos en Perú poseen 200 hectáreas (500 acres) de tierra comprada en 1995 para el desarrollo residencial turístico en Chorrillos, una área costera en las afueras de Lima.

Dos años más tarde, el nuevo alcalde de Chorrillos intentó invalidar la venta al afirmar que hubo violaciones en el proceso, además del hecho de que el sitio estaba próximo a una zona arqueológica y el monumento histórico llamado Huaca del Sol.

El caso llegó entonces a una corte arbitral, que declaró que los contratos eran "totalmente válidos" y que el terreno de la familia Levy no era parte de un monumento arqueológico. El INC confirmó más tarde que no había restos arqueológicos en la propiedad.

En 2007, la familia Levy obtuvo licencia para el desarrollo urbano del lugar y siguió adelante con el proyecto, pero cuando empezaban los trabajos, el director del INC -nombrado por el presidente García- revirtió la determinación y detuvo el desarrollo del proyecto sobre la base de su ubicación en zona arqueológica.

La familia Levy apeló inmediatamente en un recurso que fue sumariamente rechazado por el INC sin una revisión de la evidencia presentada.