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Amenazas y corrupción afectan la lucha contra el contrabando en Tumbes

7:37 | Autoridades denuncian intimidación y los jueces de paz permitían liberar los vehículos de los contrabandistas de combustible. Son ocho las familias que dominan la mafia

Por Juan Vargas Sánchez

El viernes pasado, el comando de lucha contra el contrabando que integran la policía, la Sunat y la fiscalía incautó unos 600 galones de combustible ecuatoriano en la Panamericana Norte. Luego debió enfrentar la arremetida de la mafia que trató de recuperar aquella mercadería ilegal (vea la ruta de este ilícito negocio aquí).

Enfrentar a los contrabandistas en Tumbes no es nada fácil, pues los ocho clanes familiares que controlan esa actividad responden con todas las armas a su alcance.

La fiscal especializada Luz Mery Zuzunaga Silva, jefa del mencionado comando, señala que las bandas manejan un sistema de inteligencia que les permite anticiparse a sus operaciones de control y han empezado una campaña de amedrentamiento contra ella y sus colaboradores.

"Cuando comenzamos con las operaciones para atrapar a los convoyes de contrabandistas nos dimos cuenta de que sabían cada uno de nuestros movimientos, y por eso nunca encontrábamos nada. Ahora las operaciones las conocemos dos o tres personas", indica Zuzunaga. De esta forma las intervenciones son eficientes, y ha ocasionado que los contrabandistas consideren a la fiscal como su principal enemiga y la acusen de todo.

La noche del viernes 29 de agosto uno de los viejos Dodge en que se transporta el combustible ecuatoriano pinchó su llanta, volcó y se incendió. Murieron sus tres ocupantes. Los rumores que empezaron a circular acusaban a la fiscal de haber perseguido al vehículo siniestrado, pero ella estaba en ese momento en el control de Carpitas, a 100 kilómetros de donde ocurrió el accidente.

La intimidación contra la fiscal ha aumentado. De los insultos en la calle han pasado a las amenazas de muerte. "Vamos a quemar un carro de la policía, la camioneta de la fiscalía, a la fiscal y a su adjunto", es el último mensaje que le han hecho llegar.

Otro dolor de cabeza es llevar a la cárcel a quienes son capturados por el delito de contrabando. La ley establece que se incurre en contrabando solo cuando el monto de lo incautado alcanza un valor de dos unidades impositivas tributarias (S/.7.000), una cifra que no se alcanza en los vehículos capturados. Por ello, los delincuentes solo eran acusados de delitos comunes y su liberación llegaba fácilmente.

Para sortear ese inconveniente la fiscal ahora los denuncia con el cargo de contrabando agravado, y acusa a los delincuentes de resistencia a la autoridad, portar armas y de poner en peligro a la comunidad. Hay que tener en cuenta que los contrabandistas atraviesan las ciudades a excesiva velocidad y son verdaderas bombas rodantes que cargan entre 200 y 300 galones de gasolina y petróleo.

La estrategia ha tenido éxito y sus demandas están siendo aceptadas. Solo el Tercer Juzgado Penal de Tumbes que preside Javier Salazar se ha negado a aceptar este tipo de denuncia, refiere la fiscal Zuzunaga.

INCAUTACIÓN MÁS EFECTIVA
Otro problema judicial que se ha enfrentado con éxito son las medidas cautelares que aprobaban jueces de paz de pequeños caseríos para que los contrabandistas liberaran sus vehículos incautados. Una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura permitió destituir a los jueces Pablo Serna Vilela y Fernando Rodríguez Vásquez de los caseríos de Santa Rosa y San José, respectivamente. Ahora la incautación de vehículos es efectiva, pues a la fecha hay más de cien unidades en los depósitos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Esto último ha obligado a que los contrabandistas reemplacen los Dodge por station wagon con lunas polarizadas, como si se tratara de una exhibición de su poder económico, que contrasta con los problemas que enfrenta la policía de Tumbes ante la falta de agentes y de mejores vehículos para hacer frente al contrabando.

DEL CONSULTOR
Más logística para el control*
Hay varios factores por considerar en este problema. En principio, la diferencia en la política de impuestos que rige la venta de combustible en el Ecuador y en el Perú, el gran beneficio que genera esta actividad ilegal para los contrabandistas y también el hecho de que estos perciben que no están en riesgo de sanción hacen muy difícil la lucha eficaz y frontal contra esta modalidad de contrabando.

El Ministerio de la Producción ha venido coordinando con el Ministerio Público y la Aduana de Tumbes, así como con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, una serie de acciones que han permitido incrementar notablemente la incautación de combustible ilegal.

Sin embargo, la escasez de personal y de recursos logísticos que afrontan las instituciones del Estado asignadas a Tumbes reduce las posibilidades de éxito para poder disminuir el contrabando de combustible, y también de otros productos, por lo menos a niveles que podrían ser considerados permisibles.
* Raúl Saldías Haettenschweiler. Presidente de Alianza Empresarial para un Comercio Seguro

Mañana
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