Las cuentas de Petro en Colombia no cuadran

Dos magistrados investigadores del Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano acaban de emitir una resolución que pide formular cargos en contra del presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de la campaña que lo llevó al poder en el 2022. La indagación preliminar se abrió hace 15 meses con base en “una queja anónima” por desfases en los informes de ingresos y gastos del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que lideró el jefe de Estado. 

La violación del tope de gastos electorales es una conducta que tiene implicancias penales desde el 2017 en Colombia. Lo que viene ahora es que la ponencia sea discutida por la sala plena del CNE, compuesta por nueve miembros. Con el voto a favor de al menos seis de ellos el proceso seguirá adelante: de lo contrario, se archivará. Igualmente hay en curso un debate jurídico sobre si el CNE tiene competencia para imputar al mandatario. 

Está claro que el clima político se sigue poniendo espeso y Petro aprovechó para insistir nuevamente en que hay un golpe de Estado en marcha. Hace un año lo dijo por primera vez y no se cansa de repetirlo desde entonces. En realidad, las acusaciones políticas y judiciales contra él son parte del diagnóstico de un mandatario con problemas serios de gobernabilidad que no ha podido sacar adelante sus reformas y que recurre al discurso del golpe blando para justificarse. 

A propósito de la reacción del jefe de Estado, el CNE advirtió que ello pone en riesgo a sus magistrados: “Las graves declaraciones contra los miembros de esta corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y pone en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones”. Otro de los mensajes inquietantes que dejó Petro en las últimas horas para el CNE fue este: “Si se viola el voto popular se instaura en Colombia el poder constituyente”.