Golazo de Antauro, por Irma Montes Patiño

En el ‘andahuaylazo’ y en el ‘pichanakazo’ hay un personaje común: Carlos Chavarría Vilcatoma. Un antaurista que purgó cárcel por rebelión. La madrugada del 1 de enero del 2005 este individuo, integrando el grupo etnocacerista Organización Violentista Humala (OVH), encabezado por Antauro Humala, hermano preso del hoy presidente, Ollanta Humala, asaltó la comisaría de Andahuaylas, con el saldo de cuatro policías asesinados. En la actualidad, Chavarría se camufla detrás del llamado Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki.

Pichanaki, en Junín, es una zona donde la mayoría de pobladores vive de la fruticultura y agricultura. Allí las federaciones indígenas, las empresas comunales y demás gremios de comerciantes han rechazado lo propuesto por Chavarría, agitador violentista que desde hace varios meses ha buscado desestabilizar al gobierno. Si Antauro quería darle un mensaje a su hermano, que desde la cárcel puede hacer tambalear a su gobierno, no pudo elegir a mejor personaje que Chavarría, su subalterno y experto en campañas de desinformación y tácticas de coerción. Desde esa perspectiva el trágico ‘pichanakazo’ ha sido un gol olímpico del preso.

El sitio de los sucesos es conocido como “corredor de la droga”, zona de madereros, mineros ilegales y traficantes de tierras, donde la llegada de la inversión privada, la legalidad y la formalidad no es favorable ni bienvenida, pues importa la llegada de la empresa, la inversión privada y, con ello, el Estado y cierto orden. El Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, del antaurista, convocó a un paro que dejó el saldo de un muerto, el joven Ever Pérez Huamán (25), y decenas de heridos. Sea por dejadez o incapacidad, lo cierto es que en la práctica el presidente Humala –con un gobierno que se arrodilla ante el chantaje de violentistas que soliviantan a la población con falsos discursos– está bastante lejos de la hoja de ruta. Se estima que las reservas gasíferas de Pichanaki son mayores a las de Camisea. La empresa a la que se acusa de contaminar apenas estaba en la fase de exploración (eso es como llamar “invasor” a quien ingresa a una casa en venta para ver si le gusta y quiere comprarla). Los panfletos que circulan exigen la expulsión del país de toda empresa extractiva rechazando el modelo “neoliberal”, usando una retórica desfasada y propia de movimientos terroristas. Así, el extremismo se reagrupa y gana terreno apoyándose en el narcotráfico, contrabandistas de madera, traficantes de tierras y minería ilegal. Los radicales capitalizan ante un gobierno pusilánime, un Ejecutivo genuflexo y ministros de pensamiento velasquista y volátil. ¿Quién le ha dicho al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, que puede arbitrariamente prometer –quizá envalentonado o protegido por una tarima demagógica– a un pueblo enardecido (por la incapacidad de un gobierno que ya se va sin cumplir una sola promesa de campaña de desarrollo sostenible en la zona) la expulsión de un inversionista con contratos vigentes bajo la ley peruana? La valentía y la adrenalina del baño de populismo no le duró mucho al ministro, pues a su vuelta, desde la seguridad de su despacho capitalino modera su retórica y cambia como del polo a la corbata. Lo que encima confunde y arriesga el accidentado proceso de diálogo. ¿La jugada de Antauro empujará a Ollanta a la gran transformación o juegan en pared?