La impunidad de las mentiras presidenciales, por Juan Paredes Castro

Hay una mezcla de cinismo e insensatez en el presidente Pedro Castillo que no le permite discernir las consecuencias graves para el país de sus mayores mentiras, como la de pretender convocar a una asamblea constituyente que no existe y que, si existiera, tendría que ser responsabilidad del Congreso y no del Gobierno.

La mayor mentira de Castillo fue dicha y registrada en el Congreso, cuando juró su cargo como presidente de la República por una nueva Constitución, obviando hacerlo, en un insulto a la ley y a la nación, por la Constitución vigente, a la que, en la práctica, desconoce y maltrata con sus actos de desgobierno y de ocultamiento sistemático de la verdad.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tuvo la oportunidad el 28 de julio del 2021 no solo de llamarle la atención al mandatario entrante, sino de impedirle que asumiera el cargo mientras no juramentara correctamente. Lamentablemente, la típica permisividad peruana a las infracciones de la ley y la Constitución atraviesa frecuentemente las más altas instancias del poder, convirtiendo en institucionales las mayores mentiras al país. ¿Acaso Ollanta Humala no se dio el vergonzoso lujo de juramentar por la inexistente Constitución de 1979 ante un Congreso y una Presidencia del Congreso, sin duda perplejos, pero desconcertadamente complacientes?

Castillo no dejó sus mayores mentiras al país en la campaña electoral. Las puso en blanco y negro en sus solemnes discursos inaugurales, en los que prometió renunciar al sueldo presidencial (que ahora percibe muy suelto de huesos), no pisar jamás Palacio de Gobierno porque le parecía un intolerante vestigio colonial (dicho esto en presencia del rey de España) y cuidar cada sol del Tesoro Público (muy lejos de imaginar entonces que guardaría total silencio sobre los 20.000 dólares encontrados por la Fiscalía en el baño palaciego del que fue su secretario general, Bruno Pacheco).

Castillo ha trasladado su mecanismo de mentiras al ejercicio del poder, causándole un enorme daño moral al país y provocándole una generalizada situación de crisis, desconfianza, inestabilidad e incertidumbre, con nefastas repercusiones en la salud, en la educación, en la economía, particularmente en el tipo de cambio y en el equilibrio fiscal, en la seguridad, en el empleo y en la administración pública, hoy más desordenada, ineficiente y clientelista que nunca.

La siguiente mayor mentira de Castillo es su hipócrita invocación al pueblo por todo, en todo y para todo, como una referencia abstracta que anula su responsabilidad fundamental: de deberse a todos los peruanos por igual. De ahí que la ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, le cuestionara el hecho de estar permanentemente invocando al pueblo mientras gobierna en secreto, en clara alusión a las sombras que rodean hasta el investigado doble despacho presidencial: el de Palacio de Gobierno y el del pasaje Sarratea en el distrito de Breña.

Después de los recientes cerrojos legales puestos a los oscuros proyectos gubernamentales de impulsar un referéndum e instalar una asamblea constituyente, resulta una irresponsabilidad desproporcionada el hecho de que Castillo mantenga vigentes como suyos proyectos que son, precisamente, de entera competencia del Congreso y que no tienen posibilidad de plasmarse en el tiempo de duración del mandato presidencial.

No hay, pues, en Castillo ni en su Gabinete, el propósito serio y responsable de gobernar ni de rendir cuentas de sus actos –vale decir: de movilizar ideas, recursos, gestiones eficientes y controles efectivos– para satisfacer las demandas políticas, sociales y económicas más urgentes. La movilización de ideas, recursos y gestiones va en otra dirección: la de la captura y usufructo político y corrupto del poder en toda su vasta extensión, incorporando en este convoy a variopintos cuadros radicales, desde los cercanos al chavismo de Verónika Mendoza hasta los reciclados del senderismo y del MRTA, pasando por los procubanos de Vladimir Cerrón, los investigados por narcoterrorismo ligados a Guillermo Bermejo y los sindicalistas del Fenate, hoy regados en calidad de prefectos y subprefectos por todo el país.

El ‘modus operandi’ de Castillo y su entorno político, bajo las sombras oficiales y extraoficiales, ya sea para generar nombramientos, contratos, concesiones, como también mecanismos de mentira e impunidad, no ha cesado en absoluto. Cualquier posibilidad de control de los demás poderes –parlamentario, fiscal, judicial o Contraloría– sobre esta inconducta presidencial, se quedará corta en la medida que se extinga el acceso a la información pública y se le cierren las puertas a la más amplia y plural cobertura periodística.

En manos del gobierno de Castillo, la democracia, la libertad de prensa, la separación de poderes, la constitucionalidad, la justicia, el equilibrio fiscal, la meritocracia administrativa estatal, sencillamente se disuelven en el silencio y en la mentira. En las mismas manos, la ineptitud y la insensatez, el secretismo y la impunidad cobran más realidad que nunca.