Congreso busca restituir la inmunidad [impunidad] total: los peligros y quiénes apoyan la propuesta de “Los Niños”

La propuesta de reforma constitucional- que fue presentada en agosto del año pasado por el acciopopulista Wilson Soto Palacios, con el respaldo de su bancada-establece que los parlamentarios “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante”.

En la actualidad, el artículo 93 de la Constitución remarca que la Corte Suprema será la competente para procesar a los congresistas imputados por delitos comunes durante el ejercicio de su mandato.

Y en el caso de delito cometidos antes de asumir sus funciones, estos recaerán en el “juez penal ordinario”.

Esta modificación fue aprobada por el Parlamento complementario en febrero de 2021. Entonces, la mayoría de los integrantes de Fuerza Popular se opuso.

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi refirió que la tendencia en el mundo es la lucha contra la corrupción y, en ese sentido, la inmunidad parlamentaria e, incluso, el antejuicio “son figuras anacrónicas”. Agregó que sería “un grave retroceso” que el Congreso, llevado de la mano de “Los Niños”, dé marcha a atrás en el pequeño avance que se tuvo, al reducir la protección de la gozan los legisladores.

“Eso sería inaceptable en un Estado de derecho. ¿Cuál es la motivación de estos congresistas? Lograr impunidad. Hemos visto que Darwin Espinoza, uno de los que firma este proyecto, habría cometido peculado de uso para inscribir a un movimiento regional”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Rospigliosi explicó que, si este proyecto de “Los Niños” prospera, los congresistas que lleguen con una mochila de delitos al cargo, no podrán ser objeto de procesamiento ni de sanción.

“El juez no podrá avanzar con un eventual juicio y este tendrá que ser aplazado hasta que acabe su mandato parlamentario. O, por ejemplo, si cometen un delito común como conducir en estado de ebriedad, tendrán protección”, acotó.

Las investigaciones que pesan sobre los autores del polémico proyecto

“No necesitan una protección especial”

A su turno, el abogado constitucionalista Alberto Cruces también advirtió que este proyecto de reforma constitucional, de ser aprobado, “es un retroceso”.

“Hay que recordar que la reforma que se dio en su momento parte del supuesto de que nuestro sistema de justicia sí funciona y que la fiscalía y el Poder Judicial son independientes y pueden actuar de forma que los congresistas que eventualmente puedan ser enjuiciados, lo sean acorde al derecho”, expresó.

En comunicación con este Diario, Cruces, ex alto funcionario de la Defensoría del Pueblo, alertó que, si la iniciativa de “Los Niños” es respaldada, serán los mismos congresistas los que definirán si sus colegas son o no juzgados. “Esto es algo que ya se había sacado del ámbito del Congreso y puede dar lugar a conflicto de interés”, complementó.

El letrado dijo que la propuesta de Acción Popular puede llevar “a la impunidad”, porque el Parlamento, por cómo ha actuado anteriormente, se siente un “pre juzgador”, cuando en realidad no lo es.

“Lo que se está buscando es que los parlamentarios no puedan ser procesados ni ir presos sin que el Congreso lo autorice, esto sería un retroceso. Incluso, podría aplicar a delitos comunes, porque al introducir el cambio a la Constitución se abre nuevamente la posibilidad de diferentes interpretaciones”, concluyó.

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“La inmunidad era impunidad”

Por su parte, el analista político Jeffrey Radzinsky recordó que la limitación de la inmunidad parlamentaria fue una promesa “protagonista” en las campañas electorales de los congresistas. Agregó que sería un error volver al esquema anterior.

“Se hizo la modificación a partir de casos emblemáticos de congresistas delincuentes, lo que pasaba en la práctica era que la inmunidad era impunidad para dificultar la acción de la justicia”, manifestó a El Comercio.

Radzinsky, director de GFP, señaló que en el actual Congreso hay un buen número de parlamentarios denunciados e investigados por “mochasueldos” y, a su vez, protegidos por el mismo Congreso. “Hay un conflicto de intereses, porque se pretende limitar la acción de la justicia, los que impulsan el proyecto son investigados. Es un error, desde el punto de vista político”, subrayó.

El analista político indicó que cualquier modificación a la Constitución debe tener “vocación de permanencia en el tiempo” y adelantó que una eventual aprobación de esta reforma puede traer consigo fuertes críticas por parte de la ciudadanía. “Nuevamente, hemos entrado a un conflicto del poder protegiendo al poder”, acotó.

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Posturas encontradas

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo estar a favor del retorno a la inmunidad total, porque, según refirió, las labores de fiscalización de los parlamentarios les generan denuncias.

“Yo creo que debemos volver a la inmunidad y la gran mayoría de parlamentarios piensa lo mismo, cuando estás en labores de fiscalización, normalmente se es denunciado”, expresó.

Montoya insistió que la inmunidad total “es necesaria para trabajar con tranquilidad”.

“Mi labor fiscalizadora hace que la gente ataque para evitar que uno continúe, si no se tiene inmunidad nos tenemos que cuidar, la presidenta la tiene, solo se le quitó [la inmunidad total] a los congresistas”, subrayó.}

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El vocero del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, refirió que “la inmunidad es una garantía para que los congresistas puedan efectuar su labor de manera independiente y sin presiones”. Agregó que su agrupación aún no ha adoptado una postura.

Desde Alianza para el Progreso (APP), su portavoz Eduardo Salhuana indicó que los parlamentarios, en todo el tiempo en que se redujo la inmunidad, “no la hemos necesitado”, porque “la mayoría creo que tenemos una conducta correcta y transparente”.

“Es un tema que merece ser discutido, pero políticamente en este momento no sería pertinente”, manifestó en declaraciones a la prensa.

En comunicación con El Comercio, la congresista Lady Camones (APP) señaló, a título personal, que ella está en contra del proyecto de Los Niños.

“Particularmente, yo estoy en contra, no es el momento, con la inmunidad que tenemos respecto a los delitos de función es más que suficiente. Y sí, votaré en contra [si llega al pleno], no estoy de acuerdo en el fondo ni en la forma ni mucho menos es el momento cuando tenemos a tantos congresistas cuestionados por inconductas ilegales”, expresó.

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Por su parte, la vocera de Juntos por el Perú-Cambio Democrático, Sigrid Bazán, adelantó que su bancada no va a respaldar la propuesta de Acción Popular, “porque restituye un privilegio que se ha usado para que los y las congresistas eludan la labor de la justicia”.

“No existe justificación para que un parlamentario esté exento de responder o de ser investigado por los delitos comunes que se le imputan. La población está harta de que cada semana se haga pública una nueva denuncia contra los congresistas y que el Parlamento los blinde”, concluyó.

Los excongresistas que estuvieron bajo el paraguas de la inmunidad

Durante el Congreso que fue disuelto, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria estuvo encargada de evaluar casos como el de Benicio Ríos y Edwin Donayre, condenados por los delitos de colusión agravada y peculado, respectivamente. Ambos excongresistas tenían inmunidad de arresto, por lo que el grupo de trabajo era el encargado de autorizar el levantamiento para hacer efectiva la sentencia. Además, estuvieron prófugos de la justicia.

El caso de Donayre fue uno de los que mayor dilación tuvo. La condena de cinco años de prisión fue dictada en agosto del 2018 y la Corte Suprema solicitó el levantamiento en setiembre del 2018, pedido que reiteró en octubre del mismo año. Sin embargo, recién en mayo del 2019 el pleno del Congreso levantó la inmunidad de Donayre, quien estuvo no habido hasta octubre de ese año.

Más información

A inicios de marzo, la fiscal suprema Delia Espinoza incorporó formalmente a la congresista Martha Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución, en la investigación preliminar que sigue por el presunto delito de organización criminal, en la trama que habría encabezado la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.