Procuradora General cuestionada: ¿qué funcionarios de Pedro Castillo salieron tras observaciones de Contraloría?

Para el exprocurador Antonio Maldonado, el informe evidencia que la de Caruajulca “fue una designación claramente irregular”.

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Según dijo, el informe debería servir como base para que sean sancionados ella y la persona quien la designó, “disponiendo su inmediata destitución, haciendo una investigación para sancionar a quienes incurrieron en dicha irregularidad, y disponiendo las medidas para evitar que un hecho de esta naturaleza se repita”.

Informe sobre la designación de María Caruajulca

También consideró que el hallazgo es un indicio de un presunto direccionamiento detrás de su designación y que su desempeño al frente de la PGE “solo ha agravado la crisis institucional de la procuraduría por medio de someterla al poder político”.

Walter Albán, exdefensor del Pueblo, coincidió en cuestionar que Caruajulca siga al frente de la PGE y advirtió que lo que ha venido ocurriendo en la institución es una continuación de la acción ilegal que fue –a su criterio– la salida del anterior procurador, Daniel Soria.

“Lo que nos permite apreciar el informe es parte de esta situación irregular en la que se encuentra la señora [...] Esta situación irregular dio pie al nombramiento de una persona que, obviamente, fue puesta ahí para tranquilidad del gobierno y para que los ayude a ir desactivando todo mecanismo de control de las acciones del Ejecutivo desde la PGE”, comentó.

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Pese a ello, Walter Albán se manifestó desconfiado en que desde el Ejecutivo se busque corregir voluntariamente esta designación y señaló que la atención debe ir hacia el Poder Judicial, donde se evalúa un recurso para reponer al exprocurador Daniel Soria por la presunta ilegalidad de su cese.

No es la primera vez que la Contraloría observa el nombramiento de un funcionario de alto perfil durante el gobierno de Pedro Castillo, el cual eventualmente renuncia o es removido del puesto.

En julio de este año, el contralor Nelson Shack remarcó que durante su gestión se había alertado sobre funcionarios nombrados por el Ejeecutivoue no cumplían el perfil adecuado para sus cargos y que, a partir de estos informes, algunas de esas “designaciones irregulares” fueron anuladas. Sin embargo, mencionó qué “actualmente hay más de 160 funcionarios en el gobierno nacional que no cumplen el perfil”.

1. Daniel Salaverry

Entre los funcionarios cuyos nombramientos fueron observados está el caso de la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro. Poco después de que se le asigne el cargo, en enero de este año, un informe de la Contraloría concluyó que no cumplía los requisitos.

Si bien Daniel Salaverry defendió que el informe de control no era vinculante, presentó su renuncia poco después. Sin embargo, en marzo sería nombrado consejero presidencial, cargo que dejó en agosto.

2. Jorge Alva Coronado

En abril de este año, la Contraloría emitió un informe donde se concluye que Jorge Alva Coronado, entonces secretario general del Despacho Presidencial no contaba con la experiencia mínima para asumir esta función.

Pese a ello, Alva Coronado siguió en el cargo por varios meses. Su renuncia al puesto, para el que había sido designado por Pedro Castillo a mediados de marzo, fue presentada recién en agosto del 2021

3. Auner Vásquez

En agosto del 2021, la contraloría advirtió que el jefe del gabinete técnico de la Presidencia de la República, Auner Vásquez, no tenía documentación que acreditara experiencia mínima para el cargo.

El abogado, un hombre de confianza del presidente Pedro Castillo, renunció al cargo recién en diciembre del 2021. No obstante, fue nombrado asesor en el Ministerio de Justicia en julio de este año.

4. María Tarazona

Un caso más reciente es el de María Tarazona, profesora que fue nombrada en agosto del 2021 como viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), sector liderado por la vicepresidenta Dina Boluarte.

En marzo de este año, el órgano de control advirtió que María Tarazona no cumplía con los requisitos para ser viceministra establecidos por la Ley 31419. Esto fue refutado por el Midis, que en un comunicado emitido en junio aseguró que la viceministra sí cumplía con el perfil. Los mismo se advirtió y se respondió sobre el viceministro de Prestaciones Sociales, William Ciro Contreras Chávez.

Pese a esto, tanto María Tarazona como William Contreras Chávez renunciaron a sus cargos en septiembre. Poco después, sin embargo, Tarazona fue nombrada como directora del Programa Nacional de Becas (Pronabec). Desde el Congreso se ha pedido a Servir y a la Contraloría revisar esta nueva designación.

5. Carlos Sotelo López

Otro caso de un viceministro es el de Carlos Sotelo López. En septiembre del 2021, durante la gestión del hoy prófugo Juan Silva, fue designado como viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Ese mismo mes, el órgano de control emitió un informe en el que advirtió que Sotelo incurrió en conflicto de interés debido a que su empresa Sothelo Innovations S.A.C. mantenía desde mayo de 2018 un contrato de concesión única por 20 años con el MTC.

El viceministro alegó que renunció a dicha empresa en agosto, antes de asumir el cargo. Sin embargo, luego de que Juan Silva fue interrogado durante su interpelación en el Congreso de noviembre del 2021 sobre el presunto conflicto de interés de su funcionario, el entonces titular del MTC anunció el cese de Sotelo.

6. Natalia Jiménez

A pocos días de comenzado el gobierno de Pedro Castillo, el 2 de agosto, el MTC de Juan Silva nombró como directora de Provías Descentralizado a Natalia Jiménez Velásquez. Era una abogada de 27 años con vínculos con Perú Libre al frente de un ente con un presupuesto de 7 mil millones de soles.

Al día siguiente, la Contraloría advirtió la flamante funcionaria no cumplía los requisitos mínimos para el cargo. El 5 de agosto, el MTC emitió un comunicado donde anunciaban que se dejaba sin efecto la designación de Jiménez Velásquez

Meses después, según informó el dominical Puno Final, Jiménez Velásquez pasó a ser consultora del Fondo de Apoyo Gerencial en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Actualmente, postula al gobierno regional de Tumbes con Perú Libre.

En el caso de María Caruajulca, la abogada fue nombrada titular de la PGE en febrero, mediante una resolución firmada por Pedro Castillo y por el entonces ministro de Justicia, Ángel Ydelfonso. Antes fue procuradora municipal en Comas, Carabayllo y San de Juan de Lurigancho.

La abogada sustituyó a Daniel Soria, quien en diciembre del 2021 denunció a Castillo por el Caso Puente Tarata. Ese caso es uno de los cinco procesos por los que el presidente es indagado por la Fiscalía de la Nación.

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Su destitución se dio luego de que así lo pidiera uno de los abogados del presidente, Eduardo Pachas, y tras un informe de la contraloría que concluyó que fue nombrado sin acreditar la experiencia requerida. Esa conclusión es negada por el exprocurador y por su defensa legal.

Sin embargo, Pedro Castillo y Aníbal Torres –por esa época ministro de Justicia– firmaron su destitución por “pérdida de confianza”. Esta causal, según han advertido diversos abogados, no está prevista en la ley para destituir a un procurador general del Estado.

Joseph Campos, abogado de Daniel Soria, opinó que María Caruajualca fue nombrada para que el presidente no vuelva a ser denunciado, como sí lo hizo su defendido, y consideró que el informe debería llevar a que se anule su designación. En paralelo, dijo que espera que el PJ ordene la reposición del exprocurador en los próximos días.