Ley de cine, sí. En carta entregada al Presidente de la República, los cineastas peruanos exigen el cumplimiento de la Ley No. 26370, vigente desde 1994 e incumplida desde el día de su promulgación. El reclamo tiene sustento: las leyes existen para aplicarse en su integridad y no a cuentagotas, como ha ocurrido en los últimos doce años. En ese período, el Estado solo aportó el quince por ciento de los recursos a los que estaba obligado para honrar el compromiso legal.
Los cineastas, con su carta, recuerdan algo elemental: la cultura del deber, de la que se habla tanto en estos tiempos, no solo se orienta en una dirección. La exigencia al ciudadano tiene como correlato el cumplimiento de los deberes del Estado, más aún si sus orígenes nacen en la ley.
¿Qué piden los cineastas? Que se incluya en el presupuesto del Ministerio de Educación los recursos que la ley destina para el fomento del cine. Es decir, cerca de siete millones de soles que irán a estimular la producción de películas de corto y largometraje. Un estímulo que se debe expresar en premios a cuarenta y ocho cortos y seis proyectos de largometrajes cada año.
¿Por qué lo piden? En primer lugar, porque los mandatos legales son exigibles, pero también porque hacer cine en el Perú -como en cualquier otro país del mundo- supone movilizar recursos muy grandes y escasos. Por eso, los países que tienen una producción regular de películas, desde Ecuador hasta Francia, desde Corea hasta Brasil, mantienen leyes promocionales. Hasta Estados Unidos las tiene, ya que no todo está librado a las decisiones de los productores de Hollywood. Allí están los apoyos al cine canalizados a través del National Endowment for the Arts.
Pero no sólo por eso. Las leyes de cine no son mecanismos proteccionistas y creadores de privilegios, como alguien ha dicho. Al contrario, son normas que aplican correctivos para que las películas del país encuentren las condiciones mínimas de equidad para competir en un mercado que no es libre ni igual para todos.
Un cine sobre brasas
Dejemos a un lado el valor cultural del cine y la capacidad que tiene una película para dar cuenta de la imagen de un país y de su idiosincrasia, lo que ya sería motivo suficiente para desear su producción. Pensemos solamente que las películas son mercancías que se producen, se compran y se venden en un mercado.
Allí está el problema de fondo. El cinematográfico es un mercado distorsionado, raquítico, desigual, manejado por un oligopolio hegemónico, excluyente, restrictivo, que admite solo más de lo mismo, es decir, películas que llegan a las salas con sus costos de producción pagados por la exhibición internacional y amparadas en campañas publicitarias de dimensión planetaria.
La película nacional que entra en un mercado así es una presencia incómoda, que desarregla los turnos de programación de las próximas secuelas de X Men y El Hombres Araña. Está condenada a tener un paso fugaz o a mantenerse en funciones de tarde o trasnoche. Las películas peruanas caminan sobre brasas mientras recorren la cartelera: deben apurar el paso, dejar el campo abierto para el próximo blockbuster, y resignarse a perder el beneficio de la recomendación boca a boca, que siempre toma tiempo. Si la explotación de una película resulta tan azarosa, es evidente que nadie puede asegurar el resarcimiento de sus costos de producción y, menos, pensar en utilidades. Por eso, el mercado ahuyenta a los inversionistas.
Un aval
Al Estado se le pide que reconozca esa realidad tratando de compensar las distorsiones y no regalando dinero o financiando películas con recursos públicos. La incumplida ley de cine no es una piñata. Los premios que otorga a los mejores proyectos cubren apenas una parte del costo de producción de una película. El resto debe ser financiado por los propios productores, hallando inversionistas nacionales o extranjeros. De más está decir que un premio obtenido equivale a una suerte de aval que mejora las posibilidades del proyecto al presentarlo ante productores de aquí y de afuera. Ese es el valor y la importancia de la participación del Estado.
A lo largo de la historia, varios gobiernos peruanos percibieron que la producción cinematográfica es una actividad provechosa para el país. Con características y objetivos distintos, se dieron leyes de promoción fílmica en los años 1944, 1962, 1972 y 1994. En todos los casos, ellas dieron resultados. Se hicieron cintas que crearon trabajo para una legión de personas, entre creativos, técnicos y de servicios; se formaron especialistas en la actividad audiovisual; algunas cintas fueron vistas por muchísima gente del Perú y del extranjero y otras se apreciaron en muestras y festivales y obtuvieron reconocimiento. Buenas o malas, exitosas o no, fueron las imágenes que nos representaron. Y son las imágenes que necesitamos. Ojalá que el actual gobierno atienda la petición de los cineastas.
